La Iglesia tucumana pagó la fianza para lograr la libertad del sacerdote José Eloy Mijalchyk, procesado como cómplice del sistema represivo durante la dictadura militar, según informa el diario Tiempo Argentino citando al abogado defensor del sacerdote. 

El cura Mijalchyk, está siendo procesado por el Juez Federal Daniel Bejas como partícipe secundario de lo que la sentencia describe como el circuito represivo o circuito de la muerte dentro del plan sistemático de aniquilamiento de los opostiores políticos al régimen militar. Esta situación disparo el repudio inmediato por parte de las organizaciones que luchan por la memoria y el respeto de los Derechos Humanos.

Una carta firmada por diferentes OODDHH llegó a nuestra redacción y a continuación publicamos su contenido, a la vez que acompañamos y compartimos el reclamo:

El día 26 de enero pasado el arzobispado de Tucumán depositó la suma de 115 mil  pesos en la sucursal Tucumán del  Banco Nación. De este modo se completó el monto requerido  para permitir la libertad bajo fianza del sacerdote José Mijalchik procesado por la justicia federal como partícipe secundario de crímenes aberrantes como secuestro, torturas y  asesinato cometidos en el marco del delito de genocidio.

Como  informante, interrogador y hostigador de personas cautivas a quienes prometía conservar la vida a cambio de la delación de otras víctimas, José Eloy Mijalchik  fue un agente activo del plan de exterminio del terrorismo de Estado.

Por eso los organismos de Derechos Humanos, además de considerar exigua la suma fijada por el juez frente a la gravedad de tales crímenes, deploramos la actitud del arzobispado de Tucumán  por cuanto ella aparta a la institución (que la sociedad sostiene a través del aporte del Estado nacional) de su misión espiritual y la compromete en actos inmorales reñidos con las más elementales normas éticas.

Mijalchik está acusado de los mismos delitos por los cuales el sacerdote Christian von Wernich fue condenado a reclusión perpetua hace más de tres años. A pesar de ello, a la fecha  la iglesia católica no inició proceso alguno tendiente a lograr su excomunión.

Así, la protección y el amparo de la institución es otro elemento en común entre estos genocidas  que se contrapone con el silencio con el que la jerarquía católica avaló el martirio de monseñor Angelelli,  Carlos Mugica, las monjas francesas, los curas palotinos, el cura “gaucho” Gerván y otros religiosos comprometidos con los pobres, con los oprimidos y con los excluidos. Ambas actitudes no hacen otra cosa que demostrar el rol de la iglesia católica como pilar fundamental de la dictadura cívico-militar.

Por eso, consideramos imprescindible reivindicar una vez más la memoria de los sacerdotes y monjas víctimas del accionar genocida, no sólo como víctimas sino como verdaderos predicadores de amor y de justicia.