La comunidad Indio Colalao fue reprimida sin justificación, según la cacique

La cacique de la comunidad de Indio Colalao, en Estancia Riarte, ubicada en el departamento Trancas, en el límite con Salta, Lilia Delgado, aseguró que la comunidad originaria fue reprimida sin justificación, ya que ya se había llegado a un acuerdo y de igual manera se ordenó el desalojo forzoso de las tierras.

 

“Seguiremos resistiendo hasta que se solucione esta situación. Reclamamos la apertura definitiva del camino vecinal que cerraron los usurpadores, el respeto a la ley 26.160 que prohíbe desalojos contra comunidades originarias mientras se realicen relevamientos territoriales y la reapertura de la escuela Nº 31 (cerrada en 2001)”, expresó Delgado en una conferencia de prensa realizada el jueves.

 

La referente de la comunidad dio detalles de la represión policial que sufrió el pueblo durante la tarde del martes. “Accedimos a que se ejecute un desalojo provisorio con la idea de establecer una mesa de diálogo entre las partes. Una vez finalizado esto, alrededor de las 15, se leyeron las actas y se las firmaron. Fue en ese momento, sin explicación alguna, que Patricia Carugatti, ayudante de la Fiscalía de Instrucción de la Xª Nominación (a cargo de Guillermo Herrera) dio la orden a 300 policías a entrar al predio”, comentó.

 

“Hubo disparos de balas de goma, embestidas con la caballeriza, expulsiones de las personas de sus casas. Hubo gente que recién hoy (por el jueves) aparecieron, ya que huyeron del ataque y pasaron la noche en medio del monte”, puntualizó.

 

La medida fue dictada el 3 de julio por el juez Francisco Pisa, que ordenó la inmediata restitución provisoria de la propiedad (de una extensión aproximada de 19.700 hectáreas) al ciudadano boliviano, residente en Salta, Fredy Moreno Núñez Vela.

 

“Estancia Riarte es territorio ancestral. El verdadero dueño comunitario era un señor apellido Méndez que no tenía herederos y donó tierras a la Santa Sede. Luego entró Jorge Prat Gay -padre del diputado del ARI, Alfonso Prat Gay- quien tomó créditos rurales y puso en garantía nuestras propias tierras. Hoy aparece Moreno Núñez Vela, que posee ilegalmente una posesión provisoria sin vivir jamás en el lugar. Él se dedicó a realizar contratos de arriendo”, explicó, según publicó el sitio Primerafuente.com.ar.

 

Delgado indicó que hubo permanentes ventas fraudulentas de tierras incluida la gente que allí vive. Se estima que 16 familias de la comunidad viven dentro de las tierras reclamadas por las empresas agropecuarias Zanja Honda y Agro Avance. “Estamos frente a un retroceso tremendo en cuanto a derechos para los pueblos originarios con la complicidad de sectores políticos y judiciales”, sentenció. ©eldiario24.com