La ley, fue sancionada el 24 de marzo pasado, en una sesión simultánea con el Congreso de la Nación para recordar el golpe de estado de 1976. 

 

Hace tres semanas, en lo que podría calificarse como una "muestra de su poder" Alperovich le negó al legislador Salim la posibilidad de que la ley provincial para contrarrestar los prostíbulos llevara el logo de la organización kirchnerista. 

 

Cuando el dirigente de Famaillá presentó su iniciativa, el gobernador lo mandó a llamar a su despacho para decirle que, antes de formular un proyecto de esa naturaleza, debía consultárselo sin intermediarios.

 

Salim entendió el mensaje: en el recinto, votó la ley "prostíbulos cero" que quería Alperovich y desechó la que había elaborado con su equipo. 

 

Por su parte, según destacó La Gaceta, la ley que dispone la creación de la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura fue elaborada por el oficialista Gerónimo Vargas Aignasse, quien no es aliado político de Salim pero encontró en el camporista un respaldo inesperado. 

 

El objetivo de la norma es que un organismo estatal, integrado por representantes de los tres Poderes y por organizaciones civiles, actúe para defender los derechos y garantías de las personas privadas de la libertad; y desarrolle inspecciones e informes periódicos sobre centros de detención, de internación y otras instituciones.

 

En el penúltimo artículo, se establece que el PE reglamentará la ley en menos de 90 días. Pero pasaron cinco meses y medio sin novedades desde Casa de Gobierno. Por eso, Salim presentó dos proyectos de resolución a fin de que el gobernador realice todos los trámites para que el comité comience a funcionar. 

 

En la sesión del 24 de marzo, varios legisladores marcaron con énfasis la importancia de esta comisión. Pero ni el autor del proyecto ni la oposición reclamaron su puesta en marcha.

 

Esta vez, fue el propio Salim quien lo hizo.