Los insurgentes sirios contraatacaron este viernes en Alepo al Ejército del presidente, Bashar al Assad, con disparos de morteros y avances terrestres, en lo que fue anunciado como una ofensiva "decisiva" para tomar la segunda ciudad en importancia del país, en disputa desde hace más de dos meses.
"Los combates (en Alepo) son sin precedente y no han parado desde el jueves. Antes, los enfrentamientos se producían en una o dos calles de un sector, ahora se dan en varios frentes", explicó Rami Abdel Rahman, presidente del Observatorio Sirio de Derechos Humanos (OSDH). Los barrios en poder de los rebeldes eran bombardeados por el Ejército desde el aire de manera incesante.
En Damasco, en cambio, las tropas gubernamentales lanzaron un ataque contra los barrios rebeldes del norte de la capital, destruyendo casas, cortando vías de aprovisionamiento y procediendo a realizar numerosos arrestos, según informó el opositor al OSDH.
Como cada viernes, hubo manifestaciones contra el régimen de Al Assad en todo el país, a la salida de la oración de las mezquitas, esta vez con la consigna "Unificación de las brigadas del Ejército Libre de Siria" (principal brazo armado de la revuelta que comenzó en marzo de 2011). Esta proclama se refería a las rivalidades internas que afectan a la rebelión y a la aparición de grupos radicales autónomos.
Debates diplomáticos
Reunidos en la sede de la ONU en Nueva York, al margen de la Asamblea General, los secretarios generales de Naciones Unidas y de la Liga Árabe, Ban Ki-moon y Nabil al Arabi, y el enviado especial a Siria, Lkhdar Brahimi, subrayaron "la necesidad vital para la comunidad internacional de unirse para apoyar el trabajo" del mediador. En conjunto, denunciaron "la ferocidad de las violaciones a los derechos humanos cometidas por el Gobierno y la oposición". Sin embargo, no se vislumbra una salida diplomática al conflicto.
En Ginebra, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU dio luz verde a la prolongación y la extensión del mandato de sus investigadores, condenó las "numerosas masacres" en Siria y reclamó que no haya impunidad. La ex fiscal del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, Carla del Ponte (investigó a Antonio Bussi por presunto enriquecimiento ilícito por las cuentas secretas en Suiza), integrará esta comisión para perseguir penalmente los crímenes contra la humanidad que se hayan cometido.
De los 47 Estados miembros de este Consejo, 41 votaron a favor y tres en contra (Rusia, China y Cuba) de esta resolución que había sido presentada por el grupo árabe, con aval de EEUU.
El secretario de Defensa estadounidense, Leon Panetta, aseguró que el Gobierno de Damasco movió parte de su arsenal de armas químicas hacia sitios más seguros, aunque aclaró que mantiene las armas más potentes en la misma posición y bajo su estricto control.