Marcelo Ditinis consiguió el aval de su licencia en la Cámara Legislativa. Esto le permitirá al funcionario ejercer como secretario de Prensa y Difusión, al servicio del poder ejecutivo. El apoyo estuvo muy dividido y tras dos horas y media de polémica, finamente se tomó una decisión en apoyo del oficialismo, con el voto unánime de sus representantes.
Regino Amado había dictado una resolución Ad-Hoc para permitir la jura del parlamentario como secretario de Prensa y Difusión el pasado 6 de setiembre. Los opositores cuestionaron ese accionar, tras advertir que se había violado la Constitución provincial.
Gerónimo Vargas Aignasse abrió el fuego para defender a Amado y la autorización concedida al actual secretario de Prensa del Gobierno. “Es una cuestión de mero trámite. No entiendo porque quieren discutir esto. Se actuó de buena fe y conforme el asesoramiento realizado por las autoridades administrativas de la Cámara que conocen del tema”, aseveró el presidente de la comisión de Seguridad.
La radical Silvia Elías de Pérez abrió el fuego para advertir que se había violado la Constitución y que correspondía que Ditinis se quedara sin su banca. “El legislador Ditinis ha perdido su banca, pero hay un sensualismo del poder que los lleva a hacer lo que se les place sin importarle las reglas. No veo la razón por la que actuaron de esta forma”, aseveró. Luego cuestionó que el primer acto de gobierno del secretario de prensa haya sido quitar los crucifijos de sus oficinas.
Ariel García le pidió a Amado que leyera el artículo que lo había autorizado a otorgar la licencia a Ditinis. El presidente subrogante de la Cámara contestó, visiblemente molesto e incomodo, que había actuado conforme el asesoramiento de las autoridades permanentes del cuerpo. “La Constitución establece claramente en su artículo 61 que la banca queda vacante si un legislador asume en otro poder. Usted se extralimitó al decidir por nosotros”, le respondió el radical.
Sisto Terán, por su parte, declaró que “No hubo exceso de ninguna clase. Actuó conforme los asesoramientos de la línea administrativa de la Cámara. No se trata de derecho, sino de política. Hay que otorgar la licencia. Ni un golpe de Estado hubiera generado esta reacción”, aseveró.
El radical Federico Romano Norri rebatió los argumentos. “Hay que decir las cosas como son: Alperovich se cree el dueño de la provincia y pretende hacer lo que quiere. Sepa el oficialismo que tendrá al radicalismo dispuesto a defender la Constitución y poner límites al autoritarismo”, expresó.
El democristiano José Páez siguió con las críticas a la actuación del presidente de la Cámara. “La Legislatura tiene 48 legisladores desde el 6 de setiembre, cuando Ditinis asumió en el PE. Fui convencional constituyente en 2006 y no tengo dudas que se trata de un acto inconstitucional. Hay una suerte de soberbia institucional al creer que se puede hacer cualquier cosa”, expresó.
Con dureza, Ricardo Bussi revalidó esos argumentos. “Si le leo el artículo de la Constitución a mi hija de 15 años ella no tendrá dudas de que el cargo está vacante. La bancada de Tucumán Crece tiene que salir a corregir estas torpezas que comete el gobernador en su repudio de la Constitución”, sostuvo.
El macrista Alberto Columbres Garmendia cerró la andanada opositora. Según el referente del PRO hubo un mensaje muy fuerte del Poder Ejecutivo para todos los legisladores y en especial para la bancada mayoritoria. “El mensaje es que él puede hacer lo que quiere y si no lo contestan en poco tiempo vamos a tener otro similar”, precisó.
José León reiteró los argumentos jurídicos del oficialismo para justificar la licencia a Ditinis. Roque Alvarez, presidente de la bancada Tucumán Cree, cerró la lista de oradores. “Todos sabemos cual es el juego de la democracia. La minoría se ha expresado, ahora lo hará la mayoría. Acá de actuó de buena fe. Lo que se busca es judicializar el conflicto”,concluyó.
La polémica se cerró con la votación. El bloque de la mayoría avaló en forma contundente la licencia de Ditinis. Los siete opositores votaron en contra, al sostener que correspondía que el funcionario perdiera su banca.