Aumenta la presión fiscal en Tucumán

De acuerdo a lo publicado por el sitio Desde las Bancas, la decisión será avalada el miércoles próximo por la mayoría legislativa y se resolvió en una rápido trámite ante la comisión de Hacienda y Presupuesto.  La primera suba se dispuso en marzo de este año y llevó la tasa de las operaciones comerciales del 2,5 por ciento al 3,5 por ciento. Ahora, se equiparán todas las actividades a ese valor pero a partir del 1 de enero del año próximo.

 

El proyecto forma parte de un paquete de normas enviadas por el Poder Ejecutivo, entre las que se incluye una autorización para disponer de fondos de la Caja Popular de Ahorros y la creación de un régimen de Promoción Industrial.

 

La suba fiscal prevé una serie de modificaciones a la Ley 8.467 (Ley Impositiva de la Provincia), entre las que se que se incluye el reemplazo de las alícuotas para casi 400 actividades productivas. También, se habilitará al Poder Ejecutivo a establecer las sub categorías de inmuebles urbanos y rurales para el pago de tributos.

 

El texto del proyecto explicita “la necesidad de poner en un plano de igualdad en la fijación de alícuotas a todas las actividades frente al Impuesto sobre los Ingresos Brutos”. Esos valores, que hoy están fijados entre un 1,4% y un 1,8%, crecerán hasta el 3,5% desde el 1 de enero de 2013 (no hay variaciones en aquellos rubros que están exentos).

 

La suba no impactaría en los productores radicados en Tucumán, según las voces oficialistas y el proyecto de Promoción Industrial que también será sancionado el miércoles.

 

Otro de los puntos que serán reformados del régimen fiscal tucumano, habilitará a los abogados del Estado a percibir honorarios cuando actúen en representación del fisco y siempre que no sea la Provincia la que deba pagarlos. El proyecto también establece que será el Poder Ejecutivo fijará la forma en la que se distribuirán esos fondos.

 

En materia procesal, las reformas impositivas propuestas por el Poder Ejecutivo permitirá que se dispongan medidas cautelares sólo con la presentación del titulo ejecutivo que justifique el reclamo fiscal. Según la iniciativa, no se podrá requerir prueba o cumplimiento de algún otro requisito y el juez competente deberá decretar la medida sin más trámite.

 

El proyecto, aunque está inspirado por las autoridades de la Dirección de Rentas, lleva la firma de la una docena de legisladores del oficialismo. Ingresó el viernes a las 8 a la Cámara, a las 11 la comisión de Hacienda – que no tiene representantes de la oposición- ya le había dado dictamen y una hora después la comisión de Labor Parlamentaria resolvió incluirlo en la sesión que se realizará el miércoles por la tarde.