La desaparición de Alfonso Severo, no es el único caso de amenazas que han sufrido testigos desde que comenzó el juicio oral por el crimen de Mariano Ferreyra. Es que sus relatos son claves para sostener la imputación contra los acusados de haber sido los autores materiales de los disparos, o bien, describir cuál era la estructura de poder y los manejos irregulares que apuntalan la hipótesis del móvil económico y político de la cúpula de la Unión Ferroviaria para instigar el asesinato. 

 

Intimidaciones personales e intentos de secuestro fue lo que motivó la decisión del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 21 de pedir al Ministerio de Seguridad que a partir de ahora todos los testigos en el juicio tengan protección de Gendarmería.

 

Del mismo modo, José "Cacho" Andino denunció que fue amenazado por dos desconocidos que lo interceptaron en una moto roja cuando bajó de un colectivo, en Florencio Varela. Además de insultar al militante del MTR, fueron sin rodeos: "¿Quién carajo te dijo a vos que viste una escopeta?". Andino pudo ver en el ataque a un hombre portando una escopeta cruzada sobre su pecho, una de las armas que se presume fueron utilizadas en Barracas, y sobre la que aún no hay un portador identificado. Los agresores también hicieron referencia a que no llegaría con vida al día de su declaración, dato que solo era conocido por las partes y por el tribunal, de lo que se desprende que los que buscan intimidar a los testigos cuentan con información interna. 

 

Por otro lado, a Jorge Hospital hace un mes y medio le enviaron varios autos a su casa, identificados como remises. Querían constatar su domicilio particular, aunque nadie los había solicitado. El extraño movimiento de vehículos fue denunciado en la Comisaría 1ª de Monte Grande y esa investigación aún no arroja resultados. El ferroviario tiene previsto declarar cuáles son los lazos que vinculan a la patota de la UF también con la cúpula de UGOFE.

 

Durante las audiencias, José Spengler -chofer de micros de la empresa Chevallier- retaceó las respuestas. 

 

Finalmente reconoció que temía por él y por su familia y pidió seguridad. Recién después de que el TOC 21 ordenara su custodia, recordó que escuchó una docena de detonaciones y vio cómo ferroviarios recogían presuntamente las vainas servidas. Cuatro declarantes se encuentran además en el Programa de Protección de Testigos, con distinto nivel de seguridad: los ferroviarios e integrantes de la patota Alejandro Benítez y Claudio Díaz; el tercerizado Diego Cardías (que denunció varios llamados intimidatorios); y José Luis García, liquidador de sueldos de la UGOFE. García dijo haberse reunido con Pedraza y que este lo instó a no seguir indagando en los manejos del gremio. Recibió un anónimo entregado con una nota que decía entre otras cosas, "cortala con todo y no hablés más", y lo tildaba de "buchón". Esta amenaza había sido precedida con un cruce de vehículos en una autopista.   

 

José Sotelo, que ocasionalmente se encontraba en el lugar y pudo ver cómo los imputados se pasaron de mano las armas, hizo múltiples denuncias y vive custodiado, desde que dijo haber sufrido un intento de secuestro en el que se le pidió que cambie su declaración. Alberto Esteche fue intimidado al día siguiente de su declaración, en la embotelladora de bebidas cola en la cual trabaja. Había señalado a varios acusados como integrantes de la patota y apuntó a Gabriel Sánchez y a Cristian Favale como quienes estaban armados.