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[ 12 de Octubre de 2012 07:16 ]
Desde el Tribunal Oral Criminal Federal se informó en los próximos días se resolvería el planteo de recusación contra los jueces Casas y Jiménez Montilla y podría ponerse fecha de inicio a las audiencias.
El megajuicio oral y público por la causa unificada "Arsenales II - Jefatura de Policía II" podría comenzar en noviembre próximo, según informaron desde el Tribunal Oral Criminal Federal de Tucumán (TOF).
El secretario del TOF, Mariano García Zavalía, informó a la prensa que en las próximas horas estaría resuelto el planteo de recusación planteado por los defensores públicos oficiales contra los jueces Gabriel Casas y Carlos Jiménez Montilla. "De ser así, esto destrabaría todas las cuestiones procesales tendientes a poner una fecha al inicio del debate", explicó.
Los encargados de definir el tema de las recusaciones son los magistrados Juan Carlos Reinaga (Catamarca), Patricia Llerena y Hugo Norberto Cataldi (ambos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires). Una vez concluido ese asunto, está previsto que se realice una audiencia preliminar.
Además, el Tribunal espera que los médicos forenses de la Corte Suprema de Justicia de la Nación examinen el estado de salud de Luciano Benjamín Menéndez, uno de los 42 imputados en la causa. García Zavalía estimó que "el proceso judicial llevaría un año en audiencias de debate por la cantidad de testigos". En este sentido, se estima que solamente entre la querella y el Ministerio Público Fiscal presentarían un listado con aproximadamente 400 testigos, a los que habría que sumar las personas que las defensas de los imputados solicitarán citar para dar su testimonio en el megajuicio. El secretario del TOF indicó que las audiencias podrían iniciarse en noviembre y que se realizarían dos días por semana, los jueves y viernes, con la comparecencia de 20 testigos.
La megacausa "Arsenales II- Jefatura de PolicíaII" es un proceso complejo que busca determinar la responsabilidad de 42 imputados por la comisión de violaciones de domicilio, privaciones de libertad, torturas y homicidios.
Estos delitos se habrían cometido en perjuicio de 235 víctimas que habrían sido vistas o se supo que estuvieron detenidas en los centros clandestinos de la “Jefatura de Policía de Tucumán” y el "Arsenal Miguel de Azcuénaga".