“Se empezó a solucionar el problema de la basura electrónica en el país. Hubo un trabajo enorme de la oposición y el oficialismo que hoy dio frutos, porque logramos tratar un tema pendiente importantísimo, como es el manejo de la basura electrónica. Ahora está en manos de las comisiones de Industria y Presupuesto que este régimen vea la luz, y todos sus integrantes manifestaron la firme voluntad de que la ley de haga realidad antes de fin de año”, destacó el presidente de la Comisión de Recursos Naturales, Juan Casañas (UCR- Tucuman).

 

“Es importantísimo que esto se trate muy rápido antes del fin del año legislativo, porque si no se cae la ley y todos los esfuerzos hechos habrán sido en vano”, señaló el legislador tucumano.

 

Los proyectos presentados para manejar los residuos electrónicos hablan de temas críticos como: el tratamiento que se dará al manejo de pilas y baterías; la cuestión del aporte (conocido como punto verde) que deberán abonar las empresas por cada aparato vendido para fondear el ente público que se ocupará del manejo de los residuos en la futura normativa; criterios de fijación del “punto verde”; grado de responsabilidad legal y financiera de las empresas productoras sobre los residuos, entre otros.

 

“El manejo de los residuos electrónicos es un tema delicado que necesita de mucho trabajo y atención, como el manejo de todos los residuos en general. Pero por más complejo que sea hacer una normativa buena, no podemos esquivar la responsabilidad de tratar responsablemente estos residuos”, afirmó Casañas.

 

El diputado tucumano consideró una victoria el dictamen logrado, pero advirtió del riesgo de que la ley no avance en las comisiones siguientes. “Tenemos el compromiso de los integrantes de las comisiones de darle curso rápidamente a la ley, pero temo que las internas del kirchnerismo en la Capital Federal impidan el avance de la ley en la Comisión de Presupuesto y que el proyecto se caiga”, dijo Casañas.

 

En la comisión además se aprobó la declaración para expresar preocupación por la degradación de las tierras del Delta del Río Paraná, en la que se resaltó la necesidad de contar con un plan estratégico para el aprovechamiento sostenible de estas tierras.