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El AFSCA ya tiene su delegado en Tucumán

[ 20 de Octubre de 2012 ]

Hugo Sánchez, ex candidato a legislador de Stella Maris Córdoba, velará por la aplicación y cumplimiento de la Ley de Medios a nivel local.

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Hugo Sánchez, dirigente y militante de larga trayectoria, fue designado como delegado de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) en Tucumán.

Sánchez pertenece al partido Nuevo Encuentro y acompañó a la lista de la actual diputada Stella Maris Córdoba el año pasado en su pretensión de ser gobernadora de la provincia, puesto que el flamante delegado fue candidato a legislador, en ese entonces por Proyecto Popular. A nivel nacional dicha línea política respondía a Martín Sabbatella, actual titular de la AFCSA.

El delegado tucumano deberá llevar a cabo la función asignada a este órgano basada en la aplicación, interpretación y cumplimentación de la denominada Ley de Medios, sancionada en 2009 y reglamentada en 2010, pero que en la actualidad es eje de la polémica batalla entre el Gobierno nacional y el Grupo Clarín.

De acuerdo al argumento oficial, dicha norma es caracterizada como de vanguardia pues entiende la comunicación como un derecho humano equivalente a la libertad de expresión, y que promueve la democratización de las voces prestadoras de servicios. 
 
Asimismo, el kirchnerismo sostiene que el modo de concebir la comunicación por parte de la ley, "es inclusivo, plural, y fuertemente antimonopólico y anticorporativo. La normativa es ágil y moderna: genera un marco para regular un sector por demás dinámico de la economía, sujeto a los continuos cambios e innovaciones tecnológicas del área audiovisual", se resalta en la página web de la AFSCA.
 
Debe resaltarse además que entre las claves de la normativa, figuran:
 
* Garantizar el derecho a la información.
* Evitar la formación de monopolios y diversificar los prestadores.
* Asegurar frecuencias y espacios audiovisuales que garanticen la pluralidad.
* Fomentar contenidos diversos.
* Incentivar la producción local.
* Abrir y poner en circulación un registro público de prestadores.
 
Según el Gobierno Nacional, el siete de diciembre es el tiempo límite con el que cuenta Clarín para desprenderse de sus licencias que exceden la cantidad determinada por la presente ley.
 
 

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