La ley sería una medida "contra el racismo y toda forma de discriminación" para castigar con cárcel a sus ocasionales detractores; dos de ellos fueron detenidos, uno por un grafitti en la ciudad de Oruro y otro por proferir insultos en un acto público en Quillacollo, centro de Bolivia.

 

El ministro de Gobierno (Interior), Carlos Romero, admitió que existe una unidad de monitoreo de información de los diarios digitales y las redes sociales. "En estas redes sociales (Twitter y Facebook) se distorsiona tremendamente la realidad; se escriben cosas discriminatorias y racistas. Nadie afectará el derecho de las personas de opinar, de expresarse, eso nunca lo vamos a tocar", dijo.