Se archiva la causa por las irregularidades en los servicios adicionales

Un control intenso ordenado por la máxima autoridad de la Policía de Tucumán, detectó infracciones en la Patrulla Urbana. Es que a mediados de mayo de este año se descubrió que efectivos realizaban adicionales en horas de servicio, por lo que no cumplían con sus puestos de vigilancia, y que los destinos habían sido dados por los jefes de la dependencia. 

 

El caso llegó a oídos del jefe de Policía, Jorge Racedo, que puso en conocimiento al Ministerio de Seguridad Ciudadana, y ordenó investigar la situación. 

 

Primeramente, Racedo desplazó a los comisarios Víctor Lisandro y Manuel Sosa, jefe y subjefe de Patrulla Urbana en aquel entonces. En su lugar, designó al segundo jefe de la Regional Capital, Julio Vargas. 

 

Fuentes tribunalicias anunciaron aquella vez que al menos uno de los agentes involucrados en esta irregularidad habría denunciado a Lisandro en la Justicia, aduciendo que era obligado a cumplir otras tareas en su horario de trabajo. 

 

Según publica La Gaceta, el jefe de Policía había dicho que el desplazamiento de los comisarios se realizó para evitar que entorpecieran la investigación. 

 

El sumario administrativo número 809, que había sido caratulado como "control de rutina al personal policial con servicio", llegó a manos del fiscal de Instrucción de la X° Nominación, Guillermo Herrera, quien citó a declarar a cuatro policías de la dependencia y a los comisarios Lisandro y Sosa. 

 

Los empleados policiales Julio Afón, Gabriel Funes, Enzo Iñarra y Federico Rigazzio negaron la acusación contra sus ex jefes.

 

"El comisario (Víctor) Sánchez encontró en las actas que personal no se encontraba en las paradas correspondientes y pensó que se trataba de servicios adicionales pagados y no registrados", dijo Lisandro en su declaración ante Herrera. 

 

El comisario justificó la ausencia de los policías en su parada en la falta de personal. Declaró que habían desplazado a 333 empleados y tuvieron que recargar al personal para cubrir las 400 paradas en el microcentro.

 

"Si hubiéramos actuado de la misma forma que hicieron con nosotros, tendríamos que haber llamado a la prensa y decir que la superioridad nos sacó los 333 efectivos y nos quedó todo el microcentro y el centro desprotegidos... pero como nosotros no somos de obrar de esa forma... tuvimos que ampliar las paradas con recargo de personal", se defendió Lisandro. "Fue más fácil armar todo esto, sacar en los diarios, ponernos a disponibilidad y manchar nuestra reputación", agregó. Sosa, por su parte, declaró en el mismo sentido. 

 

El fiscal Herrera decidió archivar la causa, "ante la ausencia de elementos que demuestren la existencia de un delito".