En la audiencia preliminar que se realizó el jueves por el megajuicio "Jefatura II - Arsenales II" se decidió adoptar las medidas necesarias para proteger a los testigos de la causa, y preservar el pudor de presuntas víctimas de delitos sexuales.

La máxima protección a los testigos, víctimas y familiares y, la lectura de una síntesis de las acusaciones del Ministerio Fiscal, son los principales puntos que se acordaron en la audiencia preliminar que se realizó el jueves en vistas al juicio de derechos humanos más esperado en la provincia.

Entre las medidas que el Tribunal Oral Federal adoptó luego de escuchar a las partes, se decidió dar el máximo apoyo psicológico a los testigos víctimas o familiares de víctimas, admitiéndose que los terapeutas que los asisten los acompañen al momento de prestar declaración. También se tomarán todas las medidas necesarias para preservar el pudor de presuntas víctimas de delitos sexuales.

Respecto a los testigos del marco histórico que han declarado en procesos anteriores, se dispuso poner a disposición de las partes la filmación de sus declaraciones. “Si se requiriera, tales declaraciones serán reproducidas en el debate. Si de todas maneras se pretendiera la comparencia, deberá fundamentarse la pretensión”, se aclara en la resolución firmada por los jueces Gabriel Casas, Carlos Jiménez Montilla y Juan Carlos Reynaga (subrogante) luego de presidir la audiencia preliminar celebrada en el marco de la Acordada 1/12 de la Cámara Federal de Casación Penal.

“Se admite la propuesta de una síntesis acusatoria fiscal al comienzo del debate, con indicación de datos de los imputados y atribución concreta de conductas delictivas. Ello en base al requerimiento fiscal de elevación, al auto de elevación y la presentación limitadora efectuada por el Ministerio Público Fiscal, sin perjuicio de que se entreguen copias de los respectivos instrumentos a cada uno de los imputados”, se decidió en referencia a la lectura del requerimiento fiscal, primer paso del debate oral y público, que se iniciará el próximo 12 de noviembre.

Se trata del juicio más esperado por los familiares y organismos de derechos humanos de la provincia ya que se juzgará a 44 imputados por los delitos de lesa humanidad cometidos contra más de 200 víctimas que fueron detenidas, torturadas y asesinadas en el ex arsenal Miguel de Azcuénaga y ex Jefatura de Policía, los centros clandestinos de detención más sangrientos que operaron durante la última dictadura militar.