02/12/2013

Tucumán

Comenzó el juicio a Menéndez por expropiación de tierras durante la dictadura

La querella reclama 48 millones de pesos en concepto de las 25 hectáreas que el gobierno militar le quitó a una familia para fundar un pueblo.

 A partir de las 9.30 de este lunes comenzará la audiencia de debate en la causa "Toledo de Ygel", referida a delitos calificados de lesa humanidad y en la que también se reclama al Estado Nacional y a la Provincia de Tucumán como responsables civiles una indemnización por daños y perjuicios derivados de la supuesta adquisición ilícita de tierras situadas en el Departamento Monteros de Tucumán. 

 
El monto reclamado en función de una pericial contable asciende a más de 48 millones de pesos. La causa se sustancia ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán que integran los doctores Gabriel Eduardo Casas (Presidente), Carlos Enrique Ignacio Jiménez Montilla y Juan Carlos Reynaga (subrogante). 
 
Actúan en representación de la acusación pública el Fiscal General Subrogante Leopoldo Oscar Peralta Palma, como representante de la querella Bernardo Lobo Bugeau y como representante de la actora civil Francisco de la Vega Madueño. Interviene en representación del Ministerio Público de la Defensa Ciro Vicente Lo Pinto y, por los civilmente demandados, por el Estado Nacional Federico Nazur y por el Estado Provincial Rodolfo Augusto Baza.
 
El imputado es Luciano Benjamín Menéndez, quién participará del debate por videoconferencia desde la ciudad de Córdoba. 
 
Durante la Guerra de Vietnam, el Ejército estadounidense fundó algunos pueblos en ese país bajo el rótulo de "Aldeas estratégicas. Antonio Domingo Bussi, formado en la Escuela de las Américas repitió esa práctica, con la particularidad que lo hizo en 1977, dos años después del Operativo Independencia. Uno de los casos es el de Capitán Cáceres.
 
De esta forma una vez que se cotejaron los terrenos, comenzaron a concretarse las "acciones" que llevarían al sufrimiento durante años a una familia completa. Jorge Ricardo Ygel y su madre Julia Rita Ariza, durante los meses de noviembre y diciembre de 1977, fueron secuestrados de su casa, mediante violencia, uso de armas, uniformes y logística militar. 
 
Bajo amenaza de muerta presionaron a la señora para que firme una "donación" antes que Bussi finalice su gobierno de facto. De esta manera el gobierno inconstitucional se quedó con 25 hectáreas ubicadas en Yacuchina, que fueron refundadas con el nombre de Capitán Cáceres. Esto es Monteros
 
El juicio tenía fecha para mediados de octubre, sin embargo por cuestiones de agenda de los jueces se postergó para el 2 de diciembre. El único imputado, el represor más condenado del país, Luciano Benjamín Menéndez, el otro responsable era Antonio Domingo Bussi, quien murió sin honores, condenado y degradado del Ejército el 24 de noviembre del 2011.
 
Estancia Yacuchina era un fundo rural de propiedad de varios familiares. 
 
La donación arrancada a fuerza de secuestros y torturas de los familiares nunca se completó, porque los otros titulares dominiales nunca consintieron acto alguno de disposición y el propio registro las asentó en carácter de provisorio 20 años después, luego del triunfo electoral de Bussi en las elecciones de 1995 
 
"La dictadura tenía el objetivo de fundar pueblos" explicó el abogado querellante en la causa, Bernardo Lobo Bugeau. 
 
"Así como existió un plan sistemático de exterminio de personas que no compartían los valores occidentales y cristianos, por parte de la dictadura militar, también existía el objetivo de fundar pueblos. En Tucumán, particularmente, desde febrero del 75 con el Operativo Independencia", dijo el letrado.
 
"Llama la atención que existan ciudades llamadas Capitán Cáceres cuando debieran llamarse Yacuchina o existan otras como Sargento Moya, Soldado Maldonado", indicó.
 
Esto es así porque la Ley 4.530, promulgada por el gobierno militar el 16 de agosto de 1976, crea un Organismo ad-hoc de Reubicación Rural. 
 
La norma lo colocaba en dependencia directa del gobernador (por entonces, Bussi), para que este se haga cargo del estudio, del proyecto y de la ejecución de las obras necesarias para el reordenamiento y para la construcción de las localidades de Caspinchango, Los Sosa, Yacuchina y Colonia. Junto con Capitán Cáceres, en estos parajes se edificaron, por esta ley, las localidades Teniente Rodolfo Hernán Berdina, Sargento Miguel Arturo Moya y Soldado Ismael Maldonado.
 
La querella particular (María Elena Toledo, hija de Julia Rita Ariza) está representada por, Lobo Bugeau además de participar el Ministerio 
Menéndez está acusado por el delito de privación ilegítima de liberta en dos hecho con concurso ideal de violación de domicilio. Cerca de 16 testigos ofreció la querella. 
 
Se estima que el debate oral dura dos o tres jornadas. (El Siglo)



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