Garavano se reunió con los abogados de los genocidas de la dictadura

Germán Garavano, ministro de Justicia de la Nación, se reunió con los abogados de los genocidas de la última dictadura civíco-militar y recibió los reclamos de los "presos políticos", según como se denominan. Uno de los pedidos más polémicos fue el de la prisión domiliciaria de los represores.

"Fuimos a hablar de los presos políticos", dijo Alberto Solanet, titular de la Asociación Abogados por la Justicia y la Concordia, al explicar el contenido del encuentro. "Es una situación que hay que solucionar", le dijo al ministro de Justicia y Derechos Humanos. La reunión no es la primera que realiza Garavano: antes había mantenido un encuentro reservado con Cecilia Pando, quien suele justificar públicamente el plan sistemático de apropiación de niños.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos recibió dos veces en sus oficinas a los defensores de represores nucleados en la Asociación Abogados por la Justicia y la Concordia. "Hablamos sobre los presos políticos y pedimos (que se les conceda) la prisión domiciliaria. Pedimos que se cumplan con las garantías que la Constitución prevé para todos los habitantes de la República Argentina", dijo Solanet, titular de la organización y hermano del secretario de Hacienda de la dictadura, que en noviembre del año pasado manifestó públicamente su entusiasmo con la llegada del nuevo gobierno.

"Fuimos para hablar de la discriminación gravísima que hay en la Argentina desde que vino el kirchnerismo y que hay que solucionar", agregó Solanet al describir el contenido de los dos encuentros, que se realizaron con una diferencia de siete días en las oficinas del Ministerio de Justicia, en Sarmiento al 300. Hasta allí llegó los jueves 12 y el 19 de mayo pasado junto al vicepresidente de la asociación Gerardo Palacio Hardi y a Ricardo Saint Jean, hijo del gobernador bonaerense de facto Ibérico Saint Jean durante 1976 y 1981.

Todos fueron bien recibidos y convidados con café porque el ministro Garavano "es una excelente persona, muy atento y, por supuesto, receptivo", como lo definió Solanet. Sucede que Garavano se encontró con un grupo que en su asamblea anual de noviembre pasado festejó el triunfo electoral de Mauricio Macri. "Se va a poner fin a la discordia", había asegurado Solanet, como relató Diego Martínez en Página 12.

En rigor, las expectativa de Solanet y compañía se tejen con hilos de una misma madeja: Garavano fue director académico del Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (Fores), que es una estructura creada en 1976 por Jaime Lamont Smart, ex ministro bonaerense durante la última dictadura y primer civil condenado a cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad. Allí reportaba también Saint Jean padre.

No es la primera reunión de este tipo: el lunes 25 de abril, el ministro de Justicia se había entrevistado con Cecilia Pando, líder de la Asociación de Familiares y Amigos de Presos Políticos de la Argentina, y varias esposas de represores. Y tres meses antes, el secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, Claudio Avruj, recibió en el predio que perteneció a la ESMA a los miembros del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv), otra asociación que defiende a quienes desplegaron el terrorismo de Estado.

Durante el segundo encuentro, Solanet repitió el reclamo por los "presos políticos" y le detalló los planes de la asociación pero prefirió no dar precisiones a El Destape. Hace dos años, la Asociación Abogados por la Justicia y la Concordia organizó en Buenos Aires un encuentro internacional de abogados de represores de toda la región. Allí plantearon la necesidad de tener una estrategia conjunta, de todos los países latinoamericanos, para enfrentar los juicios penales por violaciones a los derechos humanos.

En la jornada de apertura, Saint Jean sostuvo que los represores procesados o condenaron eran "los judíos de la Alemania nazi, los cristianos en Irak, los parias de la democracia, los esclavos del socialismo del siglo 21". Su planteo, que fue respaldado por Alberto Rodríguez Varela, ex ministro de Justicia de la última dictadura, insistió en la necesidad de implementar una "amnistía pacificadora".

Durante los distintos paneles se expresaron en forma repetida las críticas a los procesos judiciales contra las violaciones a los derechos humanos. Pero también se delineó un nuevo "enemigo", como explicó el dueño del diario La Nueva Provincia, Vicente Massot: "El único enemigo que se recorta es el narcoterrorismo".

Esa es la línea que adoptó la nueva conducción de la Unidad de Información Financiera (UIF), encabezada por el ex abogado del HSBC Mariano Federici, que reenfocó sus objetivos en el narcotráfico y la trata de personas y dejó de lado la investigación del sistema financiero. La decisión se tomó a pesar de que existen varias causas judiciales que ponen en cuestión en rol de los bancos y los ubican como estructuras que organizan el lavado de activos.

"El único enemigo que se recorta es el del narcoterrorismo, pero no tenemos una idea clara de quiénes son los enemigos y eso no lo inventó el kirchnerismo";, dijo Massot, hace dos años, ante los abogados de represores de Argentina, Chile, Colombia, Perú, Uruguay y Venezuela. Ese encuentro, que anticipó el viraje de la UIF, quedó registrado en varias notas de Infojus Noticias, el portal de noticias del Ministerio de Justicia que desmontó Garavano. Incluso borró el archivo de más de 15 mil artículos de la web pero el reclamo judicial del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba) y de varias organizaciones de derechos humanos y de sus trabajadores y ex trabajadores obligó a reponerlo.