El Gobierno denunció penalmente a Martín Sabbatella

El dirigente de Nuevo Encuentro, Martín Sabbatella, fue denunciado penalmente por el Gobierno nacional por supuesto fraude a la administración y malversación de fondos públicos, en al menos 10 millones de pesos, cuando era titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca).

Desde el Ente Nacional de Comunicaciones informaron que la denuncia se debió a "irregularidades halladas en los subsidios que debían salir a concurso para proyectos de medios de comunicación comunitarios pero fueron otorgados a dedo a asociaciones civiles".

"Una de esas asociaciones, en la región de Cuyo, destinó los fondos, más de tres millones de pesos, entre otras cosas, a un curso que se tituló '¿Qué significa para nosotros representar el kirchnerismo?'" añadieron los informantes a DyN.

La denuncia se basa en una auditoría que realizó la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) sobre el manejo de los subsidios de los Fondos de Fomento Concursables para Medios de Comunicación Audiovisual (FONACOM" durante 2014 y 2015.

"Allí había de todo: desde facturas por 42 mil pesos por prestación de servicios de un empleado de AFSCA al mismo AFSCA, facturas de almuerzos por 6 mil y más pesos, y facturas de viajes en ómnibus" agregaron las fuentes.

Además de Sabbatella también fue denunciada Andrea Conde, que ocupaba la Dirección de Proyectos Especiales de la AFSCA y fue candidata a legisladora porteña por el Nuevo Encuentro en las últimas elecciones.

Por su parte, Fernando Torrillate, ex director de Imagen y Comunicación de Afsca y vocero de Nuevo Encuentro, sostuvo en un comunicado que "todo lo actuado durante nuestra gestión en Afsca fue lo que correspondía, en el marco de la ley aprobada por el Congreso de la Nación, con concursos públicos y con procedimientos correctos".

"El problema de fondo que tiene Gobierno es que Afsca, a través de los fondos concursables, apoyaba a los medios comunitarios y el Enacom les da la espalda. Pretenden cuestionar los proyectos financiados a través del Fomeca porque en realidad desprecian el financiamiento a medios comunitarios, de pueblos originarios y de frontera. De hecho, lo primero que hicieron, después de destruir los límites a la concentración, fue frenar el apoyo a esos medios comunitarios", agregó.

La denuncia penal, por los supuestos delitos de "defraudación contra la administración pública", "defraudación por administración fraudulenta" y "malversación de caudales públicos" recayó por sorteo en el juzgado federal 9, de Luis Rodríguez.