25/10/2016

Argentina

Capital Semilla

La Oficina Anticorrupción denunciará penalmente a Débora Giorgi

El organismo que conduce Laura Alonso presentará este martes una denuncia por fraude en el reparto de $360 millones durante su gestión al frente de la extinta cartera de Industria.
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Débora Giorgi, ex ministra de Industria.

La Oficina Anticorrupción (OA), que conduce Laura Alonso, presentará este martes una denuncia penal contra Débora Giorgi por fraude en el reparto de $360 millones durante su gestión al frente de la extinta carteta de Industria.


La información fue relevada en una auditoría realizada por el ministro de Producción, Francisco Cabrera. Con lo que allí se desprende, Giorgi será denunciada por considerar que repartió $360.418.608 de pesos sin control durante la instrumentación del programa “Capital Semilla”.


Según la auditoría, la ex ministra otorgó “préstamos de honor” de entre $15.000 y $60.000 pesos durante cinco años, de los cuales solamente el 5 % del total se realizó mediante las exigencias de la ley. Dicho programa era un concurso de proyectos productivos a nivel nacional, que tenía por objetivo “promover y fortalecer las economías regionales, impulsando proyectos que incorporen innovación, diseño, impacto regional o que presenten alto valor agregado en origen”.


El “Capital Semilla” otorgaba ‘préstamos de Honor a tasa 0%’, a cinco años, siendo $100.000 pesos el límite de capital otorgado en lo que correspondía a tres categorías elegibles: industria manufacturera; servicios industriales y tecnologías de la comunicación y la información (Tics).


La actual Secretaria de Producción de La Matanza deberá defenderse de lo que muchos consideran fueron “avivadas”, como el otorgamiento de fondos a varias personas que presentaron el mismo proyecto, préstamos “duplicados”, transferencias de montos mayores a los que correspondientes, pagos a personas que no se habían inscripto y hasta ganadores que nunca recibieron los fondos correspondientes. Por éstos motivos, la OA presentará la acusación de defraudación en perjuicio de la administración pública e incumplimiento de los deberes del funcionario a los encargados del programa, indica Clarín.






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