La Corte ordena controlar las obras de mejora en la estructura carcelaria

La crisis carcelaria que atraviesa la provincia quedó expuesta en una dura sentencia de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT). El fallo fue dictado a raíz de un habeas corpus correctivo, formulado por dos fiscales de Instrucción tras el trágico incendio en la comisaría de Yerba Buena.

El alto tribunal resolvió, entre otros puntos, que se realice un control sobre las obras de infraestructura que debía realizar el Poder Ejecutivo (PE) para descomprimir el hacinamiento en las comisarías y otras dependencias policiales. Con ese objetivo, la Oficina de Derechos Humanos y Justicia de la CSJT deberá elevar informes “sobre las medidas adoptadas a efectos de asegurar las condiciones de salubridad, alimentación e higiene de los detenidos” en los calabozos. Además, se creará una comisión -en la que participarán fiscales y funcionarios del PE- para que “reacomoden las fechas de las habilitaciones de obras”. Los plazos iniciales fijados por el alto tribunal ya fueron superados.

La Corte exhortó además a la Policía de Tucumán a modificar el procedimiento ante una contravención policial (infracción a la Ley N° 5.140, que fija las faltas sociales y data de 1980). En el fallo se insta a la fuerza de seguridad a que “se proceda a tomar declaración al contraventor en un plazo máximo de 24 horas, con intervención de un abogado defensor”. Tras esto, el detenido debe ser puesto “en inmediata libertad si estuviese domiciliado en el lugar del hecho”.

La sentencia fue dictada el miércoles pasado con el voto unánime de los miembros de la Corte Suprema, Antonio Gandur (presidente), Claudia Sbdar, René Goane, Antonio Estofán y Daniel Posse. Si bien la crisis carcelaria lleva varios años en la provincia, un trágico episodio producido en la comisaría de Yerba Buena el 29 de junio pasado devolvió el asunto al centro de la escena.

Esa mañana, según el informe de la Policía, oficiales de esa dependencia trataron de realizar una requisa de rutina en el calabozo. Al parecer los presos prendieron fuego a un colchón y las llamas se propagaron por toda la celda. Como consecuencia del siniestro fallecieron Francisco Emanuel Gallardo, de 20 años, y Mateo Boris Visa, de 22.

Los fiscales de Instrucción Diego López Ávila (de la IV Nominación) y Adriana Giannoni (de la VIII Nominación) plantearon un habeas corpus correctivo a favor de las personas privadas de la libertad en dependencias policiales y del personal que los custodia. Desde un principio, los magistrados dejaron en claro que las comisarías de Yerba Buena y de Marti Coll, así como la seccional 11ª, no estaban en condiciones de albergar presos. Agregaron a esa nómina, luego, a las seccionales 5ª y 10ª.

El alto tribunal recordó la resolución N° 835, emitida el 13 de agosto. En ese documento, la Corte le envió una serie de directivas al PE respecto a la situación de los presos. “En un plazo máximo de 15 días corridos (se debe proceder al traslado de) 200 personas privadas de su libertad en dependencias policiales a unidades del servicio penitenciario; en un plazo máximo de 90 días corridos -computados desde que se cumpla el anterior término- se traslade a otras 150 personas privadas de su libertad; por último, en un plazo máximo de 180 días corridos -computados desde que se cumpla el anterior término-. se traslade el remanente (de los presos)”, indica la resolución. Además, instó al Gobierno provincial a que construya en Villa Urquiza una alcaidía “con capacidad para 400 personas”. Se requirió también la conclusión de la edificación de baños y otras mejoras. “(Se insta al PE a que) en todo momento asegure adecuadas condiciones de salubridad, alimentación e higiene, acondicionando las dependencias policiales y garantizando que en las mismas exista personal penitenciario suficiente”, indica la resolución.

El 4 de diciembre pasado, la Corte convocó a una reunión a representantes del PE y del Poder Judicial. Allí surgió “la patente necesidad de adoptar medidas que conduzcan a un cumplimiento más efectivo de la resolución N° 835. “Es imprescindible exhortar a todos los órganos jurisdiccionales que tengan a su cargo personas privadas de libertad a controlar permanentemente su situación procesal a efectos de no prolongar ilegítimamente y en franca violación a derechos fundamentales estas situaciones de privación de libertad”, remarcó el alto tribunal.

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