Revisemos Críticamente la Historia Reciente

Por Daniel Enrique Yépez * | Analizar históricamente los dramáticos años setentas, sin caer en lugares comunes, requiere un esfuerzo personal que es muy sano practicar, no sólo en este día, el día de la Memoria, por la Verdad y la Justicia, sino como actividad intelectual permanente. Requiere, asimismo, mirar retrospectivamente el siglo XX argentino, a fin de contextualizar y comprender el significado de uno de los hechos terribles de nuestra historia reciente: el golpe militar que el 24 de Marzo de 1976 derrocara un gobierno constitucional, implantando una de las dictaduras más feroces y sangrientas del continente.

La historia política argentina del siglo pasado estuvo jalonada por la controversia democracia o dictadura, encrucijada que ocultaba una contradicción mucho más profunda: la posibilidad de que nuestro país fuese gobernado por las mayorías populares, o que las minorías privilegiadas y latifundistas sigan detentando el poder, como lo hicieron desde 1810. Por eso, a lo largo de ese siglo asistimos a una trágica seguidilla de Golpes de Estado como los ocurridos en 1930, 1955, 1962, 1966 y 1976, ejecutados por los sectores liberales y pro-oligárquicos de las fuerzas armadas, no sólo con el objetivo de conculcar la soberanía popular, sino de imponer por medio de la fuerza una lógica terrible: la supresión de los partidos políticos y de toda forma de manifestación política, gremial, cultural, estudiantil, individual o colectiva; la censura a la prensa y a los diversos modos de expresión públicos o privados; la mordaza a la libre circulación y expresión de las ideas, al mismo tiempo que se instalaba la sospecha y la delación en la sociedad. Su corolario fue el  encarcelamiento de políticos, sindicalistas, estudiantes, intelectuales, artistas, etc., que no comulgaban con la fuerza brutal de estas dictaduras, combinándose con listas negras, exoneración, detenciones, exilios o cesantías de la administración pública, empresas privadas, universidades, colegios, escuelas, etc., de todo aquel que no callara o demostrara públicamente su adhesión al autoritarismo gobernante.

Estos centuriones del poder, que nadie votó, que no representaban ninguna voluntad popular y que legalmente estaban inhabilitados para ejercer el poder y menos por la fuerza, violaron su juramento constitucional al intervenir abiertamente en la política nacional, conspirando y derrocando en 1930 a Hipólito Yrigoyen, primer presidente elegido por el voto popular en la Argentina, a Juan Domingo Perón en 1955, segundo gobierno elegido masivamente por el pueblo; a Arturo Frondizi en 1962 y a Arturo Illia en 1966. Y si bien estos golpes de estado usurparon el poder de gobiernos legítimos para dar lugar a dictaduras profundamente antipopulares y represivas, el más grave de todos ellos y cuyas secuelas aún atormentan a la sociedad argentina, fue el golpe de estado que en 1976 derrocara al gobierno de Isabel Perón, cuando apenas faltaban 6 meses para que finalizara su mandato. 

Con el pretexto de suprimir la acción de los grupos guerrilleros, que dicho sea de paso, ya estaban desarticulados y derrotados militarmente al finalizar en Tucumán el “Operativo Independencia”, a principios de 1976; con el otro oscuro pretexto de “restituir el orden” y con la intención de retornar a un pasado conservador, pastoril, antiindustrialista, es decir a ese país agrícola-ganadero que había expirado en 1930 y que añoraba la oligarquía latifundista, la fracción militar golpista y pro-oligárquica, con apoyo de políticos civiles, empresarios y de la curia eclesiástica, se apropió del poder instaurando uno de los regímenes políticos más sangrientos de América Latina. 

Había que terminar con la Argentina moderna, plebeya, autocentrada, industrial, autónoma e independiente de los poderes foráneos; había que destruir la economía neo-keynesiana, el capitalismo de estado y el Estado Benefactor pujante, que emergiera en los ‘40 distribuyendo la riqueza, el salario, los derechos laborales y sociales de la población, al mismo tiempo que desarrollaba políticas públicas tendientes a proteger a los más pobres. Había que retornar al país con “olor a bosta”, gobernado por los patrones de estancia, con peones descalzos y analfabetos.

Aplicar este programa de regresión histórica sin represión sistematizada era imposible. Por lo tanto se entrenaron en la “Escuela de las Américas” y no conformes con ello, tomaron las tenebrosas enseñanzas de la “Escuela de Paracaidistas Franceses”, educándose en la doctrina de “la seguridad nacional”, la misma que ambas potencias aplicaron en Vietnam y Argelia para eliminar a los patriotas que luchaban contra su poder colonial. Aplicados alumnos de estas escuelas de asesinos, aprendieron prolijamente los métodos de la “guerra sucia” y sembraron un régimen de terror entre los años 1976-1983, violando sistemáticamente los derechos humanos más elementales. Ya no sólo se censuraba, se prohibía, se perseguía o se encarcelaba, sino que con un “estado de sitio” permanente se instalaron campos clandestinos de detención, para secuestrar ilegalmente, torturar y asesinar masivamente y sin juicio previo, ni derecho a defensa, a miles y miles de compatriotas sospechados de ser opositores políticos o supuestos terroristas. Nadie puede creer en su sano juicio, que había 30.000 terroristas en el país, que era necesario exterminar. La cuestión era otra: había que aniquilar una generación altamente politizada y comprometida con pueblo y con su tiempo, que se oponía a retornar al pasado, que defendía la democracia y la soberanía popular y pensaba que se podía construir un país mejor, sin privilegios, ni tutorías extranjeras.

Creyéndose dioses de un falso Olimpo, se erigieron en dueños de la vida y de la muerte, cegando arbitrariamente miles de vidas. Como nunca tuvieron el valor de asumir semejante atrocidad los ocultaron, apareciendo en esos años la aborrecible palabra “desaparecida/o”. Desaparecido quiere decir: secuestrado, torturado, asesinado y enterrado ilegalmente en una fosa común, en un siniestro socavón como “El Pozo de Vargas” o en alguna tumba NN; o sino directamente arrojado al mar, desde un avión, en estado de total indefensión. Y mientras esa palabra sobrevuele nuestro imaginario colectivo, mientras los responsables militares, civiles y clericales de estos crímenes no sigan siendo duramente castigados por la justicia, que ellos les negaron a sus cautivos, las heridas seguirán abiertas en el tejido social. Por eso es necesario juzgarlos, por eso es necesario seguir impartiendo justicia, aunque lenta y tardía, para que los responsables de semejantes crímenes de lesa humanidad tengan su condigno castigo. Sólo de este modo se podrá mirar hacia delante y cerrar uno de los episodios más trágicos de nuestra historia reciente. Ni olvido, ni perdón. Justicia y sanción.