En tres meses todos los legisladores deben realizar el control antidrogas

Los legisladores y los funcionarios de la Legislatura (hasta el rango de prosecretario) tienen tres meses para someterse a un estudio de detección de metabolitos de drogas en orina. Además, deberán efectuar ese control al menos una vez al año. Así lo dispuso el vicegobernador, Osvaldo Jaldo, al dictar el decreto 662-A/2016, que marca los pasos a seguir para la aplicación de la ley 8.850.

Según informa el diario La Gaceta, la norma sancionada en marzo, establece “como requisito de permanencia en los niveles políticos y/o jerárquicos de la función pública, el carecer de adicción a drogas ilegales”. El jueves a la mañana, en el Boletín Oficial (BO) de la Provincia salió publicada la reglamentación de la ley para el ámbito del Poder Ejecutivo (PE). Horas después de su entrada en vigencia, Jaldo firmó el decreto para su puesta en funcionamiento en la Legislatura.

El decreto, que lleva también la firma del secretario de la Cámara, Claudio Antonio Pérez, enfatiza que, a partir de promulgación de la ley 8.850, los miembros del cuerpo colegiado y las autoridades hasta el rango de prosecretario deberán someterse a los estudios de detección de drogas.

Según el instrumento oficial, los estudios son de “carácter obligatorio”. Serán tenidas en cuenta dos muestras, identificadas como “frasco A” y “frasco B”, que “deberán estar selladas y firmadas por las partes”. Mediante los exámenes de orina, se podrá “determinar la presencia de sustancias psicoadictivas en sus organismos”. El estudio “deberá realizarse en el plazo de los tres meses de puesta en vigencia la presente ley y con periodicidad de un año”. “Este procedimiento podrá ser reemplazado por otros exámenes médicos y/o bioquímicos, en función de su mayor precisión y efectividad”, añade el decreto que firmó el vicegobernador.

La ley 8.850 fue sancionada en marzo pasado, luego de la detención del legislador Emiliano Vargas Aignasse. Desde 1992 estaba sancionada la ley 7.240, que disponía la realización de rinoscopías entre los funcionarios de la Administración Pública, pero esa norma nunca fue aplicada.