06/11/2016

Tucumán

La Corte exige al Gobierno que ordene el sistema carcelario en un plazo de 30 días

La Corte Suprema de Justicia de Tucumán ordenó al PE a dar soluciones concretas a la crisis penitenciaria. El fallo ordena mejoras de infraestructura y elaboración de un mecanismo sanitario, entre otras medidas.
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Penal de Villa Urquiza. Foto: Pablo Toranzo.

La Corte Suprema de Justicia de Tucumán ordenó al gobierno de Juan Manzur a dar soluciones concretas a la crisis penitenciaria que atraviesa la provincia. Si este conjunto de órdenes no es cumplido, la Corte podría aplicar astreintes (conminaciones económicas de carácter coercitivo) que implicarían afectar los sueldos de los funcionarios recalcitrantes.


No es nueva la preocupación del Poder Judicial por las condiciones en las que viven los casi 1.700 ciudadanos privados de la libertad en la provincia. En agosto del año pasado la Corte Suprema de Justicia de Tucumán había exhortado al Poder Ejecutivo a reacondicionar los lugares de alojamiento de los presos. Casi 15 meses después, la situación sigue siendo crítica. Por ello el alto tribunal volvió a la carga el 3 de noviembre y emplazó al Gobierno a adoptar una serie de medidas. 


La nueva resolución lleva las firmas de los vocales Antonio Gandur (presidente), Claudia Sbdar, René Goane y Daniel Posse (el quinto miembro, Antonio Estofán, estaba de licencia). El pronunciamiento dispone que a comienzos del mes próximo (30 días corridos) el Gobierno de Juan Manzur debe presentar un plan integral para contener a la totalidad de la población penitenciaria actual y a la proyectada hasta 2019. Esa planificación ha de tender, en forma escalonada y en un tiempo razonable, a erradicar definitivamente la detención en comisarías.  


En el mismo plazo, el Poder Ejecutivo ha de presentar un plan de contratación de los agentes penitenciarios que sean necesarios para dar una respuesta adecuada a la actual población carcelaria y a la proyectada. La Corte dio asimismo 30 días corridos al Gobierno para que comience a dar cuatro comidas diarias a los presos, quienes también han de ser informados sobre que gozan del derecho de recibir alimentos por parte de sus familiares y amigos.


El término concedido al Estado se reduce a la mitad (15 días corridos) respecto de la orden de establecer un mecanismo sanitario. La Corte resolvió que el Sistema Provincial de Salud (Siprosa) intervenga en ese dispositivo, que abarca la práctica de los estudios exigidos para el ingreso al Sistema Penitenciario Provincial y dos visitas médicas semanales a cada dependencia policial.


Gandur, Goane, Sbdar y Posse dijeron al PE que dispone de 30 días para presentar un plan de adecuación (con partida presupuestaria) para las comisarías que tienen detenidos en función de los estándares internacionales. Ello implica que debe haber cuatro metros cuadrados como mínimo por persona y condiciones edilicias seguras (conexiones eléctricas y sanitarias, y matafuegos) y apropiada iluminación, ventilación e higiene.


El alto tribunal además inhabilitó la detención en las comisarías N° 10 y 13; concedió 30 días al Gobierno para que presente el plan de obras del denominado recalce de la estructura de las unidades 1 y 2 del penal de Villa Urquiza, y reiteró la exhortación referida a la reglamentación de la Ley provincial 8.523, que crea la Comisión provincial de prevención de la tortura y de otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Este órgano debe aplicar el protocolo facultativo aprobado por la Ley nacional 25.932.


Los vocales explicaron que en el control llevado adelante desde agosto de 2015 se dedujo que 500 de los 1.700 presos estaban alojados en comisarías. “Las circunstancias descriptas no sólo vulnera flagrantemente la actual normativa en la materia sino que, como pudo observarse, ninguna de las comisarías de la provincia -con excepción de la N°1- ofrecen condiciones edilicias adecuadas para alojar a personas por una simple demora, mucho menos para tener alojados por tiempo prolongado -meses y hasta años- a más del 30% del total de la población penitenciaria”, manifestaron.


La Corte indicó que el seguimiento ordenado a su Secretaría de Derechos Humanos había detectado hacinamiento; incumplimento del régimen de visitas; imposibilidad de ingreso a programas educativos, laborales y sanitarios, y deplorables condiciones de vida (los detenidos duermen en colchones tirados en el piso; comen sin mesa ni sillas y con utensilios precarios, y carecen defacilidades para higienizarse). 


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