Proponen la creación de un Registro de empleados públicos desaparecidos durante la última dictadura

Un proyecto de ley impulsado por legisladores peronistas propone la creación de un Registro Provincial de Personas Detenidas, Secuestradas y/o Desaparecidas en el período comprendido entre el año 1974 y el año 1983, que incluye los años de la última dictadura militar, con el propósito de recuperar sus legajos laborales, consignar en ellos las reales causas de su cese laboral, entregárselos a sus familiares y realizar una reparación económica en los casos de conculcación de derechos.

El registro incluiría a trabajadores que al momento de su detención o secuestro se desempeñaban como empleados en los siguientes poderes del estado provincial: Legislativo, Judicial y Ejecutivo, como así también en Municipios y Comunas de la provincia. También a aquellas personas que se desempeñaban como empleados de la administración pública nacional en reparticiones con sede en la provincia de Tucumán, como empleados de la Universidad Nacional de Tucumán y de la Universidad Tecnológica Nacional o como empleados/docentes en las escuelas Nacionales ubicadas en el territorio de esta provincia.

El documento actualmente en estudio de comisión establece que la autoridad de aplicación de la presente Ley será ejercida por la Secretaría de Derechos Humanos, perteneciente a la Secretaría General de la Gobernación de Tucumán.

Su objetivo consistirá en realizar un relevamiento de los legajos laborales de las personas allí incluidas y procederá al acto de Restitución de los mismos a sus familiares en carácter simbólico. Los legajos deberán ser, previos a su restitución, adecuadamente intervenidos por la actual autoridad administrativa correspondiente. Además, la autoridad de aplicación deberá analizar en cada caso la existencia o no de conculcación de derechos laborales y/o previsionales o económicos.

En la fundamentación del proyecto, los legisladores del bloque Tucumán Crece señalan que Tucumán fue una de las provincias más castigadas por la represión, el secuestro, la desaparición de personas y el genocidio durante el período comprendido entre los años 1974 y 1983.

En ese sentido, existen hoy alrededor de 1800 denuncias presentadas por secuestros y detenciones de ciudadanos y ciudadanas que vivían en nuestra provincia y de éstas, un porcentaje importante aún permanecen desaparecidas.

Considerando que dentro de ese numeroso grupo hubo ciudadanos y ciudadanas que al momento de su secuestro y / o desaparición se desempeñaban como empleados y empleadas del sector público, el Registro permitirá ubicar los legajos laborales de cada una de ellas, y analizar las razones o motivos de cese de la relación laboral que allí se exprese, teniendo en cuenta que se trataría de una injusticia y una mentira si es que en esos legajos se imputa a la víctima las razones del cese laboral. La autoridad administrativa actual deberá corregir y registrar las verdaderas razones vinculadas a la represión estatal.

La autoridad deberá analizar también si con la injusta e incorrecta definición de los motivos del cese en el legajo, se produjo o no, la conculcación de derechos laborales, previsionales o económicos de familiares de la víctima tales como idndemnizaciones, pensiones, puesto de trabajo para cónyuges o hijos, etc., y proceder en los casos de que así fuere, a la iniciación de los trámites que correspondan, para la reparación de esos derechos.

Finalmente, una vez corregidos, los legajos serán simbólicamente restituidos a sus familiares, como muestra de su pasos por la administración pública. Constará en los legajos la justa causa del cese de sus funciones y de esta manera quedará consagrada en forma definitiva la verdad, la memoria y la justicia, concluye el documento.