El ministro de Economía, Luis Caputo, está evaluando la posibilidad de congelar las tarifas de luz y gas durante todo el invierno. Esta medida se plantea en un contexto donde el consumo energético aumenta, las facturas son más elevadas y los subsidios incrementan. El objetivo es frenar la inflación y proteger el poder adquisitivo de los usuarios, aprovechando lo que el Gobierno considera un mayor margen fiscal.
Esta posibilidad fue confirmada esta mañana por el vocero presidencial, Manuel Adorni, en su habitual conferencia de prensa. “Aún no hemos tomado ninguna decisión, pero podría suceder. Cuando tienes superávit fiscal, puedes decidir cómo distribuir el peso del ajuste en distintos sectores de la sociedad sin ponerles una espada en el cuello, por decirlo de alguna manera”, explicó el funcionario.
Con estos mismos principios, Caputo decidió en mayo posponer los incrementos mensuales en los servicios de electricidad y gas natural por redes que la Secretaría de Energía había establecido para mantener en términos reales las tarifas de transportistas y distribuidoras. Además, este mes se aplazó el aumento del boleto de colectivo y el incremento del impuesto a los combustibles, lo cual impacta directamente en los precios de la nafta y el gasoil.
La inflación de abril mostró una desaceleración al 8,8% después del 11% en marzo, el 13,2% en febrero, el 20,6% en enero y el 25,5% en diciembre tras la devaluación. Sin embargo, el mes pasado el Indec registró un fuerte aumento en el rubro de servicios públicos, que subió un 35,6%, acumulando un 110,5% en lo que va de 2024 y un 311,6% en los últimos 12 meses. La intención del Gobierno es que el IPC general de mayo vuelva a mostrar una disminución.
Un informe de Fundación Capital detalló que los aumentos promedios en tarifas residenciales de luz (146%), gas (427%), agua (209%) y colectivos (410%) en el primer cuatrimestre se produjeron en un período en el que la inflación fue del 112% y los salarios crecieron solo un 96%. Esto implicó que se duplicara el peso de los servicios públicos en los ingresos de las familias, alcanzando niveles no vistos desde 2019 tras el ajuste durante el gobierno de Mauricio Macri.
“El peso del gasto en servicios públicos en el AMBA (promedio ponderado) sobre el ingreso promedio de los asalariados registrados (Ripte) se ha más que duplicado en los últimos cinco meses, pasando de un 4,6% en diciembre a un 10,8% en la actualidad. Cabe mencionar que, aunque el peso de estos servicios se incrementó de forma generalizada, en los hogares de menor poder adquisitivo el impacto fue superior”, comentaron desde la consultora de Martín Redrado.
Sin embargo, aún dos de cada tres usuarios residenciales no pagan ni el 10% del costo pleno de la electricidad. En el caso del gas, los porcentajes rondan entre el 20% y el 30%. En la generación es donde se concentran los subsidios que paga el Estado.
La desaceleración sostenida en el ritmo de evolución del índice de precios minoristas del Indec es un activo que el Gobierno quiere mantener. Esta “prioridad” implica poner en pausa la hoja de ruta del ajuste fiscal tal como estaba prevista.
La aspiración del secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, era resolver este frente con la implementación de un nuevo esquema de asignación de subsidios a partir de una Canasta Básica Energética (CBE). Primero se iba a aplicar en abril, luego en mayo, después en junio, y por ahora no es seguro que se implemente. Incluso se está considerando un esquema distinto para el mediano plazo.
Según fuentes oficiales y del sector energético, la demora se debe a la dificultad en el cruce de datos necesarios para determinar qué hogares continuarán recibiendo asistencia en sus facturas. En encontrar la sintonía adecuada están trabajando el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, Caputo y Chirillo. El trío mantiene contacto semanalmente para calibrar la hoja de ruta.