La maniobra fue realizada por el El Servicio Penitenciario Federal (SPF), que responde directamente al Ministerio de Seguridad de la Nación. Fueron beneficiados del cambio de penitenciaría casi veinte represores y condenados por crímenes de lesa humanidad
Reacomodando represores
Varios organismos de derechos humanos han confirmado que, el pasado viernes, un total de 19 represores partícipes de la última dictadura militar, condenados por delitos de lesa humanidad, fueron trasladados desde el penal de Ezeiza hacia la Unidad 34 de Campo de Mayo, también llamada la “cárcel vip” para represores.
El cambio de locación para los criminales estuvo a cargo del Servicio Penitenciario Federal (SPF), que responde a la ministra de seguridad del gobierno nacional, Patrici Bullrich. Entre los favorecidos con el intercambio de la unidad penal donde cumplen su condena, se encuentran varios de los que participaron de la reunión con diputados de La Libertad Avanza.
El grupo de represores condenados que fueron relocalizados está conformado por condenados por crímenes de lesa humanidad en el circuito ABO y en la megacausa ESMA. Entre ellos, destacan los represores de la ESMA, Alfredo Astiz, Adolfo Miguel Donda, Alberto Eduardo González, Antonio Pernías, y Miguel Angel Britos del circuito ABO.
Los organismos de derechos humanos que descubrieron el traslado, están investigando si la intención detrás de la maniobra es garantizarles condiciones de detención de privilegio, dada la curiosa condición de la Unidad 34 Campo de Mayo a donde fueron recolocados.
En un contexto de sobrepoblación carcelaria, el centro penitenciario de Campo de Mayo no llega a cubrir el 50%de su capacidad. Teniendo apenas 52 detenidos dentro de una cárcel que cuenta con 115 plazas en total.
La lista de viajeros
Dentro de los 19 represores que fueron trasladados a Campo de Mayo, se encuentran nueve represores condenados por la megacausa ESMA: Alfredo Astiz, Ricardo Cavallo, Rodolfo Cionchi, Alberto González, Carlos Guillermo Suárez Mason, Adolfo Miguel Donda, Jorge Radice, Antonio Pernías y Luis Navarro.
A ellos se sumaron otros cuatro condenados por la represión, tortura y desaparición forzada de personas en el circuito compuesto por los centros clandestinos Atlético, Banco y Olimpo (ABO): Juan Carlos Avena, Luis Donocik, Gerardo Arráez y Miguel Ángel Britos.
La lista de reconocidos asesinos y torturadores que fueron retirados de la penitenciaria de Ezeiza la cierra Marcelo Cinto Courtaux, un oficial de inteligencia del Ejército, cuyo hijo homónimo es un funcionario del gobierno de Javier Milei y Victoria Villarruel, con contratación directa en el Senado.
¿Traslado justificado o privilegios para represores?
El argumento oficial esgrimido por el gobierno nacional para llevar adelante esta medida, se basa en la superpoblación del penal de Ezeiza y la necesidad de liberar ese “pabellón de lesa” donde se encontraban alojados, un espacio que cumplía con todas las condiciones para mantener privadas de su libertad a personas de esa edad.
Desde diversos organismos de derechos humanos aseguran que, en realidad, se trata de una maniobra para beneficiar a los condenados por los crímenes que cometieron en el marco de la última dictadura cívico/militar, ya que el destino de los represores no es una cárcel común.
Así lo denunció HIJOS Capital, que señaló a través de un comunicado oficial publicado en sus redes sociales: “Al cumplirse ocho años de la jornada histórica con el pañuelazo del ‘No al 2×1 para genocidas’, el gobierno de Milei, Villarruel y Bullrich beneficia a genocidas con el traslado a una cárcel con privilegios“.
“Siempre hemos reclamado el Juicio y Castigo para los genocidas y partícipes civiles con la plena garantía de sus derechos. Y también hemos sostenido, y lo seguimos haciendo, que el único lugar para quienes cometieron delitos de lesa humanidad es la cárcel común. Rechazamos categóricamente la posibilidad de que los genocidas tengan privilegios. Nunca buscamos venganza, sí Justicia“, expresa el comunicado de HIJOS Capital.