Manuel Adorni, vocero presidencial, anunció este miércoles el lanzamiento de la reforma migratoria propia del Gobierno nacional. Con esto, la administración de Javier Milei busca endurecer los requisitos para los extranjeros y facilitar los procedimientos de deportación para aquellos que no cumplan con las normas. Esta medida se aprobará durante los próximos días a través de un DNU que aparecerá en el Boletín Oficial.
Detalles de esta medida
Además de endurecer los requisitos para otorgar la residencia a los extranjeros, esta reforma migratoria implementará aranceles a determinados servicios, como el de la salud o la educación. “Argentina fue demasiado permisiva para los que ingresan de forma irregular”, aseveró Manuel Adorni, durante la conferencia de prensa llevada a cabo en la Casa Rosada durante la mañana de este miércoles.
Una de las normativas principales que comenzarán a regir desde ahora es que para ingresar al país, los extranjeros no deben tener prontuario. Asimismo, todos aquellos que cuenten con alguna condena, tendrán prohibida su entrada a Argentina. Además, el vocero indicó que cualquier persona que cometa un delito en territorio argentino, será deportado automáticamente.
Y si bien no ahondó sobre los nuevos procedimientos de deportación que se aplicarán, se prevé que habrá una ampliación de los mecanismos utilizados hasta ahora por el Gobierno nacional para expulsar a los migrantes, con el objetivo de acortar tiempo y facilitar el proceso. Según explicó, cualquier delito con penas menores a 5 años, serán motivo de deportación o de ingreso al país.
Pagos de servicios
Otro punto importante en esta reforma migratoria será que los residentes transitorios, temporarios o irregulares, deberán pagar los servicios de salud. Asimismo, los hospitales, salas de atención primaria, y cualquier otro centro médico público, dejará de ser gratuito para ellos. También comenzará a ser obligatorio que cada persona que ingrese al país cuente con un seguro médico que cubra su situación en caso de cualquier emergencia.
El objetivo de esta medida es disminuir el gasto público de $144.000 millones que representa la atención sanitaria a extranjeros. Y lo mismo se pretende hacer con la educación en las universidades. No obstante, en este caso, se autorizará a estas instituciones a que impongan, si es que quieren, aranceles a los servicios educativos para los residentes temporarios o transitorios. Cabe resaltar que esto aplicará solo a nivel universitario, no para primarias o secundarias.
Se trata de medidas bastante controversiales, que fue foco de discusión en múltiples ocasiones en el país. Sin embargo, el Gobierno nacional parece estar dispuesto a avanzar de lleno con esta reforma, según anunció Adorni en la conferencia de prensa, donde estuvo acompañado por la ministra Patricia Bullrich, el vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán; y el jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad, Carlos Manfroni.
Las palabras de Patricia Bullrich
Patricia Bullrich es una de las máximas impulsoras de esta reforma migratoria. Es más, el anuncio oficial del Gobierno fue precedido por declaraciones de la propia ministra de Seguridad, en donde explicó que Argentina necesita implementar más mano dura con los extranjeros. “Queremos que el país sea tierra de migrantes, no de delincuentes”, explicó la funcionaria en una entrevista televisiva.
Así también destacó que el país necesita de gente que aporte con los impuestos y no solo venga a utilizar los servicios. “La Argentina es un país solidario, pero no podemos permitir que delincuentes se aprovechen de nuestro sistema”, aseveró. Es por eso que ve correcta la implementación de mayores requisitos para los ingresos y permanencia de extranjeros, como también los aranceles a la salud y educación.
Por otro lado, la ministra busca retomar el decreto que se implementó durante el gobierno de Mauricio Macri. Este DNU fue declarado como inconstitucional durante la administración de Alberto Fernández, tras un amparo presentado por organizaciones de derechos humanos. Es que la medida imponía restricciones regresivas a los DD.HH de los migrantes, entre otras cuestiones bastante controversiales.