Así lo anunció el vocero presidencial. En medio de la campaña electoral por las legislativas porteñas, el Gobierno Nacional presenta su reforma migratoria propia para endurecer los requisitos para el regular ingreso y/o permanencia de extranjeros en el territorio nacional.
El candidato de los anuncios
En el transcurso de la semana, se vio un considerable aumento en los anuncios que el vocero presidencial, Manuel Adorni, tuvo para repartir en sus conferencias matutinas.
Mientras la campaña por los elecciones legislativas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires seguían su curso, el candidato por La Libertad Avanza informó, en su condición de vocero de la presidencia, el lanzamiento inminente de su propia reforma migratoria, a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia que sería publicado en el Boletín Oficial durante los próximos días.
El cambio en la legislación migratoria, buscará extender la lista de requisitos para otorgar la residencia a los extranjeros y arancelar determinados servicios públicos, al mismo tiempo que otorga herramientas para ampliar los mecanismos de expulsión de personas extranjeras del país.
“Argentina fue demasiada permisiva para quienes ingresan de forma irregular” expresó el vocero candidato al presentar el proyecto, acompañado por su principal impulsora, la ministra de seguridad Patricia Bullrich, el vicejefe de Gabinete del Interior Lisandro Catalán, y el jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad, Carlos Manfroni.
El Gobierno Nacional justifica la repentina necesidad de presentar una reforma migratoria, asegurando que el sistema de control fronterizo es ineficiente. Según datos publicados desde Casa Rosada, alrededor de 1,7 millones de personas ingresaron al país ilegalmente en los últimos 20 años.
Al mismo tiempo, aseguran que, las nuevas disposiciones, buscan reorganizar el sistema y garantizar que los recursos públicos sean utilizados prioritariamente por los argentinos.
Los cambios presentados
Se espera que el DNU de la reforma migratoria presentada por Manuel Adorni, aparezca publicado en el Boletín Oficial en los próximos días. A partir de ese momento entraría en vigencia, permitiendo proceder a la deportación de cualquier ciudadano extranjero condenado por algún delito, sin importar cual sea.
A su vez, se le negará el acceso al territorio nacional a toda persona que tenga antecedentes penales.
Por otro lado, el gobierno empezará a cobrar la atención médica a los extranjeros en hospitales públicos, asegurando que, en 2024, la prestación de salud pública a extranjeros, significó una pérdida considerable para las arcas de la Nación.
En el plano educativo, se autorizará a las universidades públicas a aplicar aranceles de ingreso y matrícula a los estudiantes extranjeros con residencia temporal. No así la educación primaria y secundaria, que será siendo gratuita para todos los residentes.
A partir de la publicación del DNU, las personas que quieran adquirir la visa de residencia permanente, deberán presentar comprobantes de sus ingresos y no tener antecedentes penales.
En las fronteras y los ingresos internacionales, se expulsarán inmediatamente a aquellas personas que recurran a pasos fronterizos no habilitados o mientan en la información que le den a las autoridades.
Finalmente, todo extranjero que sea condenado por cualquier delito que cometa, será deportado, a lo que se sumará una disminución en los plazos para apelar dicha deportación.
¿Mal momento?
El anuncio de la llegada de una reforma migratoria desde el Gobierno Nacional, ha recibido numerosas críticas, no solo de organismos de derechos humanos, sino también de sectores del arco político que participan activamente de las elecciones legislativas porteñas.
Por un lado, organismos como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) advirtieron que “no se puede establecer un régimen excepcional para ciertas personas sin un debate en el Congreso” porque está vinculado con el derecho de las personas a la defensa propia.
Al mismo tiempo, señalan que ya en el año 2017 se había procedido con una reforma migratoria similar. En ese momento, un fallo de la Justicia lo declaró Inconstitucional.