Tras la caída de la ley de Ficha Limpia, el futuro inmediato de Cristina Kirchner y sus posibilidades de ser o no candidata para los comicios al Congreso de la Nación, sigue siendo una incertidumbre.
Ahora, la justicia vuelve a la carga, buscando endurecer aún más la condena, sin solicitar ni emitir ningún cambio en relación de los derechos políticos de la ex presidenta.
La Causa Vialidad se acelera
La polémica Causa Vialidad, por la cual la ex presidenta Cristina Kirchner se encuentra condenada en segunda instancia a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos, está entrando en su recta final.
Con la Corte Suprema como último espacio de recusación, el expediente iniciado en el año 2008 debía esperar a la opinión del representante del Ministerio Público, el procurador interino Eduardo Casal, antes de continuar su camino hasta llegar a manos de Los Supremos.
El dictamen del procurador Eduardo Casal fue publicado esta semana. En su descargo, Casal respaldó a sus colegas de la primera y segunda instancia, Mario Villar y Diego Luciani respectivamente, afirmando que la condena por asociación ilícita debía ser por 12 años.
A su vez, el procurador Casal aprovechó para sugerir que sean revocadas las absoluciones a julio de Vido, Héctor Jesús Garro y Abel Fatala.
Al mismo tiempo, la inhabilitación perpetua a ejercer cargos públicos, parte de la condena si el fallo en segunda instancia vuelve a ratificarse, parece no encontrar disidencias entre los juristas que componen la cadena de ascenso previa a la Corte Suprema.
Ya con la aprobación de Casal, el caso se encuentra ahora en la Secretaría Judicial, donde en una causa similar como lo fue Dólar Futuro, el proceso de observación y circulación por los despachos de la secretaría, puede tomar alrededor de tres meses.
Nueve años después
La causa Vialidad tardó nueve años en llegar, desde la denuncia inicial realizada por el entonces titular de la Dirección Nacional de Vialidad, Javier Iguacel, a la Corte Suprema.
Se investigaron 51 contratos de obra pública en la provincia de Santa Cruz, y se puedo el foco en el supuesto direccionamiento de las licitaciones en favor del empresario Lázaro Báez, a instancias de Nestor y Cristina Kirchner, según la justicia.
Entre los numerosos testigos que declararon durante el juicio, cuya lista incluye ex jefes de gabinete, responsables del presupuesto nacional y contratistas de obra pública, destacó la intervención de Angelo Calcaterra.
El dueño de IECSA, y primo del ex presidente Mauricio Macri, sostuvo en su momento que las empresas locales como la de Báez presentaban, en muchas ocasiones, mejores ofertas que el resto porque “tienen la logística ahí (en Santa Cruz) y no necesitan transportar ni el personal ni las maquinarias”, y eso “les da grandes ventajas competitivas”.
Otro testimonio a tener en cuenta fue a través del dictamen de experto legal, realizado por el jurista Rodolfo Barra, ex procurador del Tesoro Nacional del gobierno de Javier Milei.
En su intervención Barra afirma que “No se observa la existencia de responsabilidad penal objetiva de ninguna naturaleza en cabeza del presidente de la Nación. (…) A todo evento, sólo podría ser responsabilizado (…) en virtud de una responsabilidad ‘política’ que de ningún modo se puede entender como extendida a la responsabilidad ‘penal’ del funcionario”.
Hoy, puede ser candidata
Con el rechazo de la Ley de Ficha Limpia en el Senado de la Nación, la presidenta del Partido Justicialista, Cristina Kirchner, está habilitada a participar en las elecciones legislativas nacionales si quisiera. Sin embargo, empiezan a pesar los rumores de que no se presentaría como candidata a nivel nacional.
En cambio, buscaría entrar en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, presentándose como candidata para senadora provincial por el tercer distrito.