La reconocida feria de La Salada contaban con una clausura que obligó a todas sus tiendas a suspender sus actividades. En el marco de una investigación por lavado de dinero, asociación ilícita y otras operaciones fraudulentas, la Justicia determinó dejar sin efecto este cierre, aunque para la reapertura deberán esperar y cumplir con algunas condiciones que apuntan al blanqueo de las operaciones de sus dueños.
La decisión de la Justicia
El juez federal Luis Armella ordenó este viernes levantar la clausura de las tres megaferias que funcionan dentro de La Salada. Y si bien la investigación por operaciones fraudulentas continuará, lo hará con los comercios abiertos. En cuanto a la apertura de los mismos, será la fiscal Cecilia Incardona la que deberá decidir el momento y las circunstancias en la que los recintos comerciales volverá a su actividad.
El documento oficial de la Justicia indica que para que esto se concrete, deberán cumplir con ciertas condiciones sobre operaciones de blanqueo. Por ejemplo, participará un interventor designado por la Corte Suprema, además de que estarán obligados a bancarizar todas las operaciones de compra venta. También dispondrán fiscalizadores de ARCA y del Ministerio de Trabajo para controlar dichas actividades financieras.
Responsabilidades del ARCA
Es preciso resaltar que la fiscal Cecilia Incardona anteriormente dictaminó levantar la clausura de la feria de Urkupiña, decisión que luego se extendió para la de Punta Mogote y Ocean. No obstante, existen algunas reglas que deben cumplir, las cuales serán fiscalizadas por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), a la que se le solicitó las siguientes actividades:
- Fiscalización aleatoria semanal sobre las actividades del representante legal de las ferias y del interventor.
- Inspecciones aleatorias en cada uno de los comercios que funcionan en el recinto: se implementará un sistema rotativo, totalmente sorpresivo.
- Remisión de un informe semanal al juzgado y a la Fiscalía: en este documento deberán informar cada inconsistencia detectada para mantener al tanto a la Justicia sobre las actividades irregulares de la feria.
- Registración de cada uno de los comerciantes en la categoría fiscal, además de la exigencia de la facturación respectiva de sus actividades comerciales.
Esta investigación fiscal sobre La Salada se debe al registro de graves irregularidades por parte de los magnates que están detrás del complejo comercial. Además de los delitos vinculados al lavado de dinero, los acusados cuentan con denuncias por compra de armas, entre otras cuestiones relevantes para la Justicia. Ante ello, realizaron un allanamiento el pasado 22 de mayo en el lugar, lo cual terminó con detenciones y la clausura del recinto.
Esto despertó el malestar de los miles de comerciantes que formaban parte de este complejo, ya que su clausura significaba quedar sin su fuente principal de trabajo. Ante ello, realizaron cortes y protestas en la Municipalidad de Zamora, e incluso llevaron a cabo manifestaciones en la puerta de la fiscalía encargada de la investigación. Dicha presión ayudó también a la reciente decisión de la Justicia de reabrir la feria.
Los principales acusados
Los allanamientos realizados el 22 de mayo terminó con la detención de Jorge Castillo, conocido como “El Rey de La Salada”, de Aldo Presa, el administrador del complejo comercial y varios allegados, que tuvieron implicación en las operaciones fraudulentas. El único acusado que continúa prófugo es Enrique Antequera, jefe de la feria de Urkupiña. Pero, ¿de qué se los acusa a estos empresarios?
La investigación de la fiscalía duró aproximadamente dos años, en los que descubrieron decenas de irregularidades, las cuales van desde compras de paquetes turísticos millonarios, hasta operaciones inmobiliarias y bancarias fraudulentas. En esta situación, quedaron implicados varios familiares y trabajadores de las ferias, por su participación directa o indirecta en los fraudes.