La Justicia dio la orden al Gobierno de la provincia de Córdoba, dirigido por el gobernador Martín Llaryora, a pagar 600 millones como indemnización a los padres de los bebes víctimas de la enfermera Brenda Agüero, del Hospital Neonatal. Este monto equivale a más de la mitad de lo que habían pedido los familiares de las víctimas.
16 demandas por daño moral fueron oficializadas en el juicio
Despúes de la sentencia de condenas y absoluciones para los 11 acusados del caso del Hospital Neonatal, la Justicia de la provincia de Córdoba determinó cuáles serán los detalles de las indemnizaciones que cobrarán los padres de los recién nacidos, que fueron víctimas de la enfermera Brenda Agüero, que trabajaba en dicho centro de salud. En este sentido, se dio la orden al Gobierno de la provincia de Córdoba, que tiene como gobernador a Martín Llaryora, el pago de 600 millones de pesos, además de diferentes intereses. Esta cifra fue dispuesta por el tribunal de justicia, y representa más de la mitad de lo que habían reclamado los padres, hermanos y abuelos de las víctimas.
En el transcurso del juicio y de acuerdo con lo que dicta el caso, se hicieron oficiales 16 demandas civiles por daño moral, psicológico, punitivo, emergente, al proyecto de vida, incapacidad sobreviniente, lucro cesante y pérdida de chance de asistencia económica en la vejez. La cifra total que se pretendía era mayor a la suma de mil trescientos millones de pesos.
Algunos familiares de las víctimas llevarán a cabo apelaciones
A pesar de que las sentencias en materia civil se reparten entre el Estado de la provincia, la autoria material del crimen y demás imputados, algunas fuentes judiciales comentaron al medio de comunicación nacional Infobae que el Porder Ejecutivo cordobés deberá absorber “prácticamente todas las indemnizaciones”. El motivo es que estamos hablando de obligaciones de índole “solidarias”, en las que una de las partes se puede hacer cargo de la totalidad de la indemnización.
De acuerdo a lo que dicta el fallo, los pagos se llevarán a cabo en un período de 10 días hábiles, luego de que la sentencia quede firme. Sin embargo, según las indagaciones realizadas por el medio de comunicación antes mencionados, algunas de las familias llevarán a cabo apelaciones (en su mayoría aquellas a las que les fueron rechazados sus reclamos). Despúes de que concluya dicha disputa en la Justicia, serán confirmadas las cifras definitivas.
Por otra parte, la fórmula para su actualización se hará pública una vez que se conozcan los fundamentos de la sentencia, esto es algo que sucederá luego de que termine la feria judicial correspondiente al mes de julio, es decir, la feria judicial de invierno. Además, otro de los puntos que se destacará del veredicto de la Cámara Séptima del Crimen, es el reconocimiento de los recién nacidos, como víctimas de violencia institucional, así como a sus padres. Esta cuestión tuvo un largo debate en el transcurso del juicio, e incluyó un impacto directo teniendo en cuenta las consideraciones de las demandas en lo civil.