Fue noticia en la jornada de hoy el expreso apoyo que el Departamento de Justicia de EE.UU manifestó a Argentina, en el marco del juicio a YPF. La administración dirigida por Trump recomendó a la Corte, en carácter de amicus curiae o “amigo del tribunal”, suspender la la orden que dictamina la transferencia de acciones desde Argentina a EE.UU.
La intervención del Estado llega tras el anuncio de la jueza Loreta Preska en el que reclama a la Argentina la entrega de más de la mitad de las acciones de la petrolera a empresas de EE.UU.
Y, con riesgo de que el conflicto escale hasta la Corte Suprema de EE.UU, los funcionarios judiciales estadounidenses se mantienen a la espera de la respuesta formal de Argentina. Mientras tanto, el gobierno de Milei prepara los argumentos necesarios para apelar la medida en todas las instancias, con el fin de evitar ceder al embargo, vigente desde el año 2015.
En aquel entonces, el gobierno de CFK concretó la expropiación de YPF, que se encontraba privatizada y bajo propiedad de Repsol. Sin embargo, el procedimiento se llevó a cabo sin realizar la oferta pública de adquisición (OPA) que el estatuto de la compañía establece como normativa, lo que motivó la denuncia por parte de algunos accionistas menores.
La palabra del Departamento de Justicia
En concreto, el organismo estadounidense declaró el día de hoy que la Corte del Segundo Distrito de New York “debería suspender la orden de transferencia (de las acciones de YPF) a la espera de la resolución definitiva de la apelación de la Argentina”.
Con esta solicitud, la gestión Trump demostró su apoyo al presidente Milei, interviniendo en su favor frente a la Justicia norteamericana. La justificación del gobierno estadounidense alude al riesgo de “violar la soberanía nacional” de Argentina, que dañaría las relaciones entre ambas naciones.
Además, remarcan que la suspensión del dictamen de la jueza Preska no representa un daño para los demandantes, a la vez que permite a la Argentina preparar adecuadamente su defensa.
La respuesta del gobierno de Milei
Por su parte, funcionarios allegados al “león” han celebrado la confirmación del respaldo de la gestión Trump, como un triunfo más. Los titulares de la Procuración del Tesoro de la Nación, y encargados de la defensa del país en el caso, no tardaron en remarcar los aspectos positivos del posicionamiento de EE.UU, favorable al país.
“No se trata de un respaldo menor ni debe ser naturalizado. Basta recordar que en 2019, durante las presidencias de Macri y Trump, la Corte Suprema de los Estados Unidos solicitó al gobierno norteamericano su opinión sobre la inmunidad de jurisdicción invocada por Argentina. En esa ocasión, el gobierno estadounidense se presentó como amicus curiae y emitió un dictamen contrario a nuestro país”, expresaron desde el organismo.
De esta manera, los miembros de Procuración remarcaron la mejora lograda por el mandatario argentino en los vínculos con la potencia mundial: “La situación ha cambiado. El gobierno del presidente Milei ha logrado que, en menos de un año, y bajo dos administraciones diferentes (Biden y Trump), el Departamento de Justicia de los Estados Unidos apoye la posición argentina en esta causa”.
Y agregaron que “Se trata de un hecho significativo que refleja una política exterior coherente y clara, orientada a la defensa del interés nacional, y que también demuestra la seriedad de las presentaciones y la solidez de los argumentos jurídicos presentados por el Estado argentino”.
Antecedentes del caso
El embargo a la Argentina data del año 2015, cuando, luego de la expropiación concretada en 2012 a manos de la gestión de Cristina Fernández, el Estado Argentino tomó posesión de las acciones de YPF.
A raíz de ello, algunos accionistas como Petersen Energía y Eton Park, que responden al fondo buitre Burford Capital, iniciaron acciones legales para sancionar la decisión del Estado Argentino de apropiarse de más del 50% de las acciones, sin compensar al resto de las partes involucradas.
De esta manera, el conflicto se mantuvo en curso hasta la actualidad, en donde se debate si Argentina cederá o no a las condiciones impuestas por los demandantes.