Luego de que Manuel Adorni confirmara la inminente privatización de AySA, empresa que surte de agua potable a CABA y GBA, en la jornada de hoy se anunció la nueva medida adoptada en contra de quienes adeudan saldos: la interrupción total del servicio.
Así lo confirma el Decreto de Necesidad y Urgencia 493/2025, emitido el día presente, y que cuenta con la autorización del Presidente de la Nación. En el mismo, además de disponerse la venta de acciones de la empresa a capitales privados, se ordena el corte del servicio a aquellos domicilios que estén en situación de mora.
De esta manera, todos los ciudadanos que adeuden períodos de pago, serán privados del acceso a la red de agua. La medida generó polémica, ya que desde la oposición argumentan que representa un atentado en contra del derecho constitucional a proveerse de los servicios básicos.
También alertan respecto a posibles aumentos en las tarifas y la continuidad de los despidos en la planta de empleados, situación que inició en 2024, y se prolonga hasta hoy.
Sin embargo, el Gobierno Nacional está decidido a comenzar la transición de AySA al sector privado en un período de 5 años. Y argumenta, en el decreto, la existencia de una “profunda crisis económica que limita severamente la capacidad del Estado para sostener y expandir la prestación del servicio público”, principal motivo por el que iniciará las negociaciones de la venta del organismo.
El anuncio en el Boletín Oficial
En concreto, el DNU que ratifica la oferta de un porcentaje mayoritario o de la totalidad de las acciones de AySA, detalla la existencia de un “creciente deterioro operativo y financiero de Agua y Saneamientos Argentinos S.A.”, que justificaría la necesidad de intervención e inversión de empresas ajenas al Estado.
Asimismo, ordena la entrada en vigencia una nueva normativa dentro de la entidad, tras modificarse más de 100 artículos de su reglamento interno. Y uno de sus puntos más candentes es el que habilita el corte del suministro de agua a todo usuario moroso, que contenga deudas con AySA.
De esta manera, la medida, que antes alcanzaba sólo a comercios e industrias deudoras, hoy rige para todos los ciudadanos de Buenos Aires. Otra cláusula que se prestó a debate es la que habilita a la empresa a ejecutar aumentos en el costo del servicio de carácter trimestral.
Respecto a la transición de Aysa al sector privado, el Decreto establece un período de 5 años para ajustar las nuevas reglas internas y pulir la estructura de la empresa, antes de su privatización definitiva. El proceso estará orientado por un “Plan Director de Mejora Estratégica”, que debe ser diseñado por la Agencia de Planificación (APLA), y regulado por el Ministerio de Economía.
La privatización de AySA
El 18 de julio, el Vocero Presidencial comunicó, en conferencia de prensa, la decisión del gobierno de privatizar AySA. Y explicó que su mantenimiento supuso para el Estado una inversión de más de 13.400.000.000 de dólares desde su estatización, aunque el porcentaje de beneficio fue prácticamente nulo en todos estos años, pues la empresa adquirió deudas superiores a sus ganancias.
La decisión de Milei, ¿va en contra de los DD.HH?
Al respecto, representantes de la oposición y académicos no dudaron en expresar su desacuerdo con la decisión de Milei, y señalaron que la disposición de cortar el servicio a los ciudadanos en mora representa la transgresión del derecho al acceso al agua, reconocido por la ONU y por la Corte Interamericana de DD.HH.
En palabras del abogado y docente de la UBA Pablo Serdán, la privatización de AySA implica “poner la gestión del agua en función del lucro. Es esperable que suban tarifas, se prioricen zonas rentables y se achique personal. El agua deja de ser un derecho para convertirse en un negocio”.
A su vez, advirtieron sobre el “fracaso” que representó la privatización del mismo organismo en los 90, con consecuencias adversas que impactaron, sobre todo, en los sectores sociales más vulnerables.
Cabe destacar que este no es el primer proyecto de privatización que el gobierno libertario encabeza, ya que ha logrado conquistas similares previamente, como la privatización de IMPSA en Mendoza.