Luego de conquistarse la media sanción en la Cámara de Diputados para la Ley de Financiamiento Universitario, la agrupación que nuclea a los docentes de estas instituciones confirmó un nuevo plan de lucha, a ejecutarse entre los días 11 y 15 de agosto.
CONADU (Federación Nacional de Docentes Universitarios) confirmó que llevará adelante otro paro, que dará inicio a partir del lunes. A pesar de haber conseguido el visto bueno en el Congreso, los profesores reclaman respuestas urgentes para resarcir sus paupérrimas condiciones laborales y económicas.
Por ello, se decidió aplazar el inicio del segundo cuatrimestre, que en algunas universidades debería haber comenzado hace 2 semanas. “Con docentes y nodocentes bajo la línea de la pobreza, no hay universidad posible”, reza la consigna que agrupa a uno de los sectores más golpeados por los recortes del Gobierno.
Asimismo, el reclamo de los universitarios se amalgama con el de los científicos del CONICET, quienes también se encuentran en situación de precariedad laboral, y manifestaron su disconformidad con una marcha federal llevada a cabo el día 6 de agosto, que encontró eco en diferentes puntos del país.
Mientras tanto, la gestión de Javier Milei prometió “amurallar” los fondos públicos para evitar que cualquier iniciativa del Congreso “quiebre” el equilibrio fiscal.
El anuncio de CONADU
En protesta por la situación económica que asola a los educadores de las universidades públicas, la Federación de Docentes Universitarios llamó a un paro para la semana que inicia. La iniciativa es un llamado de atención más para revertir los salarios “bajo línea de pobreza” que actualmente cobran por sus labores.
Según el anuncio de CONADU, los docentes reclamarán “Por la recuperación de nuestros salarios, por más presupuesto para las universidades nacionales y por más presupuesto para ciencia y tecnología”, en un clima de suma tensión luego de la negativa radical del presidente a financiar cualquier proyecto que suponga gastar los recursos fiscales.
Puesto que, a pesar de haber conseguido el respaldo del Poder Legislativo en la sesión del miércoles pasado, los docentes continúan bajo el régimen salarial dispuesto unilateralmente por el Gobierno, que se comprometió a responder por los aumentos del 1,3% para junio, 1,3% para julio, 1,3% para agosto, 1,2% para septiembre, 1,1% para octubre y 1,1% para noviembre.
De esta manera, los salarios percibidos no sólo perdieron, de forma abrumadora, contra la inflación, sino que tampoco hacen justicia a los años de trayectoria y formación con los que cuentan gran cantidad de profesionales.
En consecuencia, desde distintas instituciones reconocieron oleadas de renuncias, que habrían desmantelado el sistema universitario público, aunque la situación que fue negada desde el Ministerio de Capital Humano.
El impacto de la medida en cada una de las universidades
Sin embargo, la determinación de no dictar clases normales queda a criterio de cada cátedra, por lo cual se respetará la voluntad de cada equipo docente de adherir o no al paro. Además, los agrupaciones gremiales de las instituciones contarán con la alternativa de adoptar otros métodos de protesta.
Por ejemplo, gremios y sindicatos asociados a la UBA explicaron que respetarán el paro el 11 y 12, y los días restantes iniciarán las actividades bajo una modalidad de protesta. Mientras que ADIUC, gremio cordobés que reúne a los docentes de la UNC, optó por adherirse al paro la semana completa.
Por su parte, la UNLP imita la decisión de la UNC, y también se suma al paro semanal. Cabe recordar que la medida de fuerza también afecta a los colegios preuniversitarios de todo el país.
Cómo continúa la Ley de financiamiento a las universidades
Mientras tanto, los docentes se mantienen en vigilia por el destino que tendrá el proyecto de ley para el financiamiento de sus instituciones, sobre todo después de las advertencias realizadas el día de ayer por el Presidente Milei, en cadena nacional.
Ya que el mandatario ratificó su voluntad de no financiar las iniciativas defendidas por el Congreso para no arriesgar el “orden fiscal y monetario”.