La causa por el fentanilo contaminado se complejiza cada vez más, y el rol de los organismos estatales de regulación en los hechos es cada vez más crítico. El día de hoy, se conoció el testimonio de una ex-empleada de HLB Pharma, quien denunció que Ariel García Furfaro, dueño del laboratorio responsable de producir y distribuir la droga, poseía contactos en ANMAT.
La grave acusación salió a la luz este domingo en Radio Rivadavia, medio que estableció contacto con la mujer que desempeñó funciones como analista de microbiología en la empresa de Furfaro. Actualmente, la denunciante no presta servicio en el lugar, por lo que se atrevió a hacer público su testimonio.
Mientras tanto, se incrementan las denuncias sobre los presuntos vínculos entre Furfaro y funcionarios kirchneristas. La primera en señalar los lazos “corruptos” fue la diputada del PRO Silvia Giudici, seguida por el ministro de salud Mario Lugones, que especificó que existieron relaciones entre el propietario de HLB Pharma y personalidades como Alberto Fernández y Lázaro Báez.
Al respecto, Furfaro se defendió de los dichos argumentando que es víctima de sabotaje por parte del Gobierno Nacional, que no descansará hasta hallarlo preso.
Vínculos entre HLB Pharma y la gestión “K”
No son pocas las voces que acusan a Ariel García Furfaro de ser “socio del kirchnerismo”. Pero el 15 de agosto, Mario Lugones, responsable de la cartera nacional de salud, confirmó a Infobae que existen pruebas de las sólidas relaciones comerciales establecidas entre el gobierno de Alberto Fernández y HLB Pharma.
Seguro de sus fuentes, Lugones aseveró que, durante la pandemia, la gestión Fernández-Fernández incentivó al laboratorio de García Furfaro a adquirir la licencia de la vacuna Sputnik, operación que no prosperó ya que la empresa de Furfaro no contaba con los documentos legales en condiciones para concretar la negociación.
“¿No llama la atención que el gobierno de Alberto Fernández se acercó a ellos para ir a buscar la vacuna Sputnik a Rusia y no pudieron avanzar porque estaban flojos de papeles allá?”, declaró el ministro.
Por su parte, la diputada macrista Silvia Giudici denunció que sus colegas kirchneristas bloquearon, en el recinto, el avance de una comisión investigadora que se avocaría a indagar el trasfondo de las muertes por el fentanilo.
La polémica denuncia
Sin embargo, una testigo clave parece emerger para complicar la situación de García Furfaro en la causa: Se trata de “Adriana”, ex empleada del laboratorio que declaró a los medios que ANMAT avisaba con anticipación cuándo iba a llevar a cabo las visitas de control en el laboratorio.
“ANMAT le avisaba (a García Furfaro) cuándo iban a pasar las inspecciones”, confesó. Y agregó que los encargados de verificar las condiciones de elaboración de los productos químicos “jamás” ingresaron al laboratorio, hasta la última inspección, que derivó en clausura del establecimiento.
La testigo también brindó detalles de la metodología fraudulenta de HLB para falsificar los datos que eran entregados a la ANMAT para superar la instancias de control. Además, describió las condiciones de trabajo y selección de personal de la empresa.
Adriana no sólo informó que no existía personal idóneo dentro del laboratorio, ya que los empleados apenas tenían el nivel de educación básico, sino que las instalaciones tampoco cumplían con las condiciones de higiene y los recaudos necesarios para evitar la contaminación.
“El fentanilo se fabricaba en diciembre. Y en pleno verano, los chicos que trabajaban en la producción entraban en ropa interior a veces y con las puertas abiertas por el exceso de calor que hacía. Sin aire acondicionado, no podían aguantarlo”, reveló.
Previamente, el ministro de salud anunció que se llevarían a cabo las investigaciones necesarias para determinar si el personal de ANMAT estuvo involucrado en la catástrofe del fentanilo: “Si alguna persona está comprometida, ese mismo día se va”, sentenció Lugones.
Cómo sigue la causa
Las palabras de la denunciante anónima agravan la implicación de García Furfaro en la causa, que ya cuenta con 96 víctimas fatales, que fallecieron luego de que la droga les fuera administrada en instituciones de salud. Aunque el empresario continúa en libertad, para indignación de las familias damnificadas.