Este lunes, el jefe de Gabinetes, Guillermo Franco, confirmó que el Gobierno va a promulgar la ley de discapacidad, ratificada por el Congreso tras el rechazo al veto firmado por el presidente Javier Milei. Sin embargo, su aplicación quedará en pausa hasta definir de dónde saldrán los recursos que permitan financiarla sin generar problemas en el déficit fiscal, considerado, hoy por hoy, como la principal preocupación del Ejecutivo.
Rechazo al veto
La ley de discapacidad, impulsada por la oposición y muy resistida por el Gobierno, tuvo un masivo apoyo parlamentario, incluso de aquellos espacios políticos que solían ser aliados de oficialismo. Tanto en la sanción original como en la insistencia, la medida recibió un fuerte respaldo legislativo, que finalmente dejó sin efecto el veto impuesto por el Ejecutivo después de la primera votación.
Incluso después de su insistencia, la Presidencia había confirmado que continuaría con sus intentos de evitar su aplicación, bajo el alegato de que la aplicación de esta medida atentaría contra el equilibrio fiscal, un “logro” conseguido por el Ejecutivo después de mucho esfuerzo. Por ello, consideraban necesario frenar este proyecto, que hoy en día se convirtió en un estandarte para la oposición en el marco de su lucha contra los recortes del Estado.
Sin embargo, este lunes, Guillermo Francos informó un cambio radical en la postura el Gobierno respecto a la ley de discapacidad. En conversación con Clarín, confirmó la promulgación de la medida, pero frenó su implementación hasta definir su financiamiento, basándose en el artículo 38 de la ley financiera, que establece que el Congreso, cuando sanciona una ley, debe establecer de dónde salen los recursos.
Declaraciones de Guillermo Francos
Las recientes declaraciones de Guillermo Francos, enmarcadas en una entrevista exclusiva con Clarín, advierten que el Ejecutivo promulgará la ley “como corresponde”, pero primero deben realizarse algunas aclaraciones importantes respecto al financiamiento de la normativa. “No me pueden endilgar a mí, que soy el jefe de gabinete, a que vea las partidas, cómo las reacomodo, eso no es solución, es una mentira”, aseveró.
En ese sentido, resaltó la importancia de definir el financiamiento de esta normativa, sin alterar el equilibrio fiscal ni afectar a otros sectores. “Que me digan si no a quién le sacamos, ¿a los jubilados y lo pasamos a discapacidad?”, cuestionó el funcionario, quien calificó a esta problemática como un gran dilema que debe resolverse antes de pensar en la implementación del proyecto.
Durante la sesión del Congreso, donde la oposición consiguió los dos tercios exigidos para rechazar el veto, la Oficina de Presupuesto del recinto había informado que esta iniciativa supondría un aumento en el número de beneficiarios por nuevas altas. La cifra estimada era entre 493 mil y 946 mil, que implicaría un refuerzo fiscal de hasta 3.627.495 millones de pesos, un gasto equivalente al 0,22% y 0,44% del PBI.
Y esto no es todo, ya que la ley de discapacidad establecía otros gastos, como la compensación de emergencia a prestadores, que representaría un gasto de $427.323 millones, mientras que la asignación para talleres de producción ascendería a 7160 millones de pesos. Para el Gobierno, esta cifra golpea de lleno al equilibrio fiscal, considerado como uno de los pilares fundamentales de su programa económico.
Un escenario complicado para el Gobierno
La decisión del Ejecutivo, anunciada por Guillermo Francos, podría ser el resultado de la fuerte presión social, que se vio reflejada por las continuas movilizaciones y fuertes reclamos por la crisis en todo el sistema de atención. Recordemos que en estos últimos meses, hubo un congelamiento de los recursos destinados a la asistencia de las personas con discapacidad y una reducción de beneficiarios, enmarcadas en una auditoría con fuertes cuestionamientos.