Este lunes, Guillermo Francos, jefe de Gabinete, informó que el Ejecutivo promulgaría la ley de emergencia en discapacidad, ratificada en el Congreso tras el rechazo al veto de Javier Milei. Sin embargo, su aplicación quedaría pausada hasta definir su financiamiento, decisión que le costó una denuncia al Presidente y al ministro Francos por incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad.
Una controversial decisión
En conversación con Clarín, Guillermo Francos advirtió que el Ejecutivo promulgará la ley de emergencia en discapacidad “como corresponde”, pero considera necesario que primero realicen algunas aclaraciones importantes, más que nada en todo lo que tiene que ver con el financiamiento de la normativa. “No me pueden endilgar a mí, que soy el jefe de Gabinete, a que vea las partidas, o cómo las reacomodo”, aseveró el funcionario.
Según explicó, es fundamental definir el financiamiento de la ley, considerada por el Gobierno como un proyecto que atenta contra el equilibrio fiscal, la piedra angular de su plan económico. “Que me digan a quién le sacamos, ¿a los jubilados y lo pasamos a discapacidad?”, cuestionó el funcionario, quien reafirma la urgencia de encontrar una solución a esta problemática, sin alterar el equilibrio fiscal ni afectar a otros sectores.
Pasaron dos días de estas declaraciones y el Gobierno no promulgó ni reglamentó esta ley, aprobada por diputados y senadores en sus últimas sesiones. Frente a este incumplimiento, Esteban Paulón y Mónica Fein confirmaron que presentarán una denuncia contra Javier Milei y Guillermo Francos en Comodoro Py por incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad, a lo que se podría sumar la figura de abandono de persona.
Incumplimientos de plazos
El documento que los referentes opositores presentarán ante la Justicia señala que ya pasaron 10 días hábiles desde que el Senado informó formalmente al Ejecutivo de la insistencia sobre el proyecto original, por lo que los plazos para su publicación en el Boletín Oficial y su promulgación ya están vencidos. Incluso, desde otros sectores de la oposición, señalan que su promulgación debería ser inmediata, ya que esos tiempos no aplican en caso de insistencia de un veto.
Frente a estas faltas del Gobierno, Paulón envió una carta documento al Poder Ejecutivo el viernes pasado, en la que intimó a las autoridades para que la promulgación de esta normativa se concrete en un plazo de 24 horas, bajo apercibimiento de denunciarlo penalmente de caso de no cumplir con el tiempo estipulado. Pese a esta misiva, no hubo respuesta oficial de las autoridades, y hasta el día de hoy, la normativa sigue sin promulgación.
Son días difíciles para el Gobierno, que siente la presión política y social por su postura respecto a la ley de emergencia en discapacidad. En este marco, Alejandro Vilches, interventor de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), les informó a los prestadores del Consejo Federal de Discapacidad (COFEDI) que estaban trabajando en la reglamentación de la normativa, algo que todavía no se vio reflejado en el Boletín Oficial.
La urgencia en la actualización de las partidas
Esta ley, muy resistida y criticada por el Gobierno, implementa mejoras en el presupuesto dirigido a los sectores con discapacidad, que servirían para actualizar la escala en las prestaciones del plan Incluir Salud, entre muchos otros beneficios. Sin embargo, el aumento no podrá concretarse hasta que Guillermo Francos firme la compensación de la partida presupuestaria para la ANDIS, paso más que necesario para que la agencia pueda actualizar formalmente el nomenclador.
Por este motivo, consideran urgente que el Gobierno proceda con la promulgación de la ley que beneficia a este sector de la sociedad, uno de los más golpeados por los recortes y la inflación, cuyo efecto negativo se sintió en los precios del transporte, las terapias, los remedios y en el desmantelamiento de los centros educativos y terapéuticos.