El reciente anuncio de la presentación del proyecto de reforma del Código Penal, oficializado por la flamante senadora Patricia Bullrich este lunes, despertó alerta en los legisladores Maximiliano Ferraro y Mónica Frade por su pretensión de ser debatido en una comisión bicameral, sin llegar al recinto.
Desde inicios de la gestión libertaria, las modificaciones sustanciales de la normativa que regula penas y castigos para los delitos cometidos en límites nacionales fueron una promesa por cumplir. Y, a su salida de la cartera de Seguridad, la exministra finalmente materializó sus intenciones.
Respaldada por Manuel Adorni, Bullrich brindó una conferencia de prensa en la que aseguró que el proyecto fue formalmente presentado a las autoridades. Sin embargo, “trascendidos periodísticos” preocuparon a los funcionarios al asegurar que el gobierno buscará evitar que las Cámaras Baja y Alta se encarguen de su discusión.
Nuevo Código Penal en puerta
Reunidos junto a los representantes de los medios más importantes del país, en el salón de conferencias de la Jefatura de Gabinete, Manuel Adorni y la senadora libertaria tuvieron el privilegio de anunciar el inminente comienzo de las discusiones por la reforma penal.
Desde el atril, Bullrich explicó a los presentes que tendrá como prioridad la celeridad y la aplicación de condenas justas, además del cumplimiento efectivo de las penas. Con este último punto, la funcionaria se refirió al fin de la “puerta giratoria”, que dejó a cientos de criminales fuera de las instituciones carcelarias, quienes rápidamente reincidieron.
A continuación, la legisladora apuntó el agravamiento de las penas, que comenzarán a ser juzgadas no por sus consecuencias fehacientes, sino también por el potencial riesgo de daño que representó el acto criminal. Asimismo, destacó el carácter ilimitado de las condenas perpetuas y la quita de beneficios en el cómputo de las mismas.
En cuanto al ámbito victimológico, la senadora puso en valor la opinión de los damnificados al momento de tomar cualquier decisión acerca del curso del proceso penal de su agresor. “Van a tener que llamar a la víctima cuando le dan la condena condicional, la salida transitoria, la salida educativa”, sentenció.
Otro punto álgido del proyecto implica la imprescripción de crímenes como abuso sexual, corrupción de menores, sustracción, retención y ocultamiento de los mismos. Y, en uno de los párrafos más importantes, subrayó que los delitos por corrupción pasarán a tener penas graves y gravísimas.
El posicionamiento de Ferraro y Fadre
Al tanto de la iniciativa del gobierno libertario, los legisladores de la Coalición Cívica ARI, Maximiliano Ferro y Mónica Frade, tomaron parte en la discusión para hacer observaciones acerca de las versiones según las cuales los autores del proyecto buscarán que su debate se limite a una comisión bicameral.
Vía X, Ferro confirmó el envío de una nota a Victoria Villarruel, Patricia Bullrich, Martín Menem y Gabriel Bornoroni en donde advierten sobre la “improcedencia constitucional de impulsar dicho procedimiento, en tanto violaría el debido proceso de formación y sanción de leyes”.
“Una comisión bicameral reduce la calidad del debate, limita el disenso y compromete la transparencia del proceso legislativo”, destacaron, además de asegurar que el organismo carece de facultad constitucional para sancionar leyes.
Para rematar la misiva, los legisladores citaron declaraciones de Bullrich del 2012, en donde apeló al mismo argumento para oponerse a la bicameral, sosteniendo que “un código no puede ser discutido por quince senadores y quince diputados, votado a libro cerrado y sin participación de la sociedad”.
Contra la doctrina Zaffaroni
Férrea opositora del garantismo, la senadora abogó por la imposición de la “doctrina Bullrich”, cuyo lema fundamental es “el que las hace las paga”. “Esto implica el fin de la doctrina zaffaronista, donde el victimario se convertía en víctima ante los ojos de la ley”, aseguró.