El gobierno de Javier Milei sufrió un duro revés este martes, al confirmarse la medida cautelar impuesta por la Justicia Federal que obliga al Ejecutivo a autorizar las actualizaciones correspondientes de los salarios de los trabajadores universitarios.
A días de presenciar la caída del capítulo 11 del Presupuesto 2026, que contemplaba la derogación de la Ley de Financiamiento Universitario, ratificada en octubre por el Congreso, los libertarios afrontan un nuevo llamado de atención, pero esta vez de parte del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N.º 11.
Pues, contra todo pronóstico, los magistrados respondieron positivamente a la demanda de los servidores de las instituciones públicas y nacionales, que, mediante el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), presentaron la demanda exigiendo el pronto cumplimiento de las cláusulas de la ley que ordenan la recomposición salarial.
¿Qué dice la resolución del juzgado?
Según informa Ámbito, a finales de octubre el CIN se hizo eco de lo resuelto en el Plenario de Rectoras y Rectores, que reúne a las autoridades de las universidades públicas del territorio, y presentó ante la justicia una solicitud para impugnar el decreto del gobierno nacional que dictaminó posponer la puesta en vigencia de la normativa de financiamiento universitario por falta de fondos.
Los firmantes hicieron hincapié en los artículos 5 y 6 de la ley, que refieren a la actualización de los salarios que quedaron desfasados con la inflación, exigiendo su corrección. Al tanto del reclamo, el juez Martín Cormick dispuso «admitir la cautelar solicitada» y declarar «inaplicable lo dispuesto en el decreto 795/2023».
Asimismo, Cormick consideró que, «en autos de “prima facie”», la presidencia estaría conformando un «supuesto de arbitrariedad e ilegalidad», puesto que su determinación de pausar la aplicación de la normativa atenta contra los derechos de los reclamantes, en tanto la autoridad pública obstaculiza su pleno cumplimiento.
En estas circunstancias, el león deberá dar respuesta a la demanda de un sector cuyas necesidades fueron relegadas en pos de conservar el polémico equilibrio fiscal, en un capítulo más de la puja que pone en riesgo la continuidad de las clases en el 2026.
La reacción de los universitarios
Una vez trascendida la novedad, CONADU (Federación Nacional de Docentes Universitarios) se pronunció con entusiasmo respecto a la resolución del letrado, que marcó una victoria más en la batalla contra la cúpula libertaria.
Desde sus redes sociales, el organismo valoró el logro como «un paso más» en la campaña de defensa de sus derechos básicos, y aseguró que «ahora el gobierno debe pagar para recomponer sueldos y becas» que, tras meses sin actualización, suscitaron la pérdida del poder adquisitivo del sector.
Asimismo, desde la entidad remarcaron que Nación también deberá llamar a paritarias cuanto antes, para acatar la medida judicial y cumplir con el artículo 5. «Ya tiene los plazos vencidos», recordaron. Al respecto, también se pronunció el reconocido vicerrector de la UBA, Emilio Yacobitti.
Vía X, el funcionario, fuertemente cuestionado desde grupos afines al oficialismo por acompañar los paros docentes y las protestas, ratificó: «El gobierno debe cumplir de manera inmediata con la actualización de las partidas destinadas al pago de salarios docentes y becas». Y, a continuación, advirtió: «Vamos a seguir cuidando lo que funciona».
Los universitarios también dicen NO a la reforma laboral
El pasado jueves, los trabajadores del área también acompañaron la protesta contra la reforma laboral. Desde Plaza de Mayo, representantes de CONADU respaldaron la iniciativa de la CGT y participaron del reclamo colectivo que denunció el proyecto de la Ley de Modernización Laboral como una herramienta para continuar acentuando la precarización de la clase trabajadora.
Clara Chevalier, secretaria general de la Federación, aseguró que la iniciativa pretende retroceder en materia de derechos adquiridos, poniendo en juego la jornada de 8 h y el derecho a organizarse de los empleados.