El sector minero de Latinoamérica está cada vez mejor posicionado a nivel mundial, sin embargo no es todo color de rosas. Hay un lado oscuro que atraviesa a ciertos países del continente, ya que vetaron una nueva ley y un decreto presidencial que ponen en riesgo ciertas áreas naturales, a partir de ahora permitirán explotar recursos naturales con fines puramente económicos sin consultar a los residentes nativos de la zona.
En el contexto de latinoamérica la situación es compleja, tal es el ejemplo de Nicaragua, donde su gobierno comenzó un nuevo proceso que cambiará rotundamente el sentido de las leyes de protección ambiental del país americano, las cuáles dejarán de ser zonas de preservación ecológicas para convertirse en sitios puros de aprovechamiento humano. Este cambio de paradigma permite la explotación y exploración de recursos naturales con fines de lucro dentro de áreas que antes eran protegidas.
¿Qué sucede con la minería en Nicaragua?
En solo una semana, el régimen de Nicaragua otorgó tres concesiones de minería a cielo abierto a una empresa de origen chino. Además de liberar las licencias mineras, sin ni siquiera consultar con las comunidades indígenas que habitan el lugar, le concedió a la compañía Thomas Metal S.A. más de mil kilómetros cuadrados en el sur del país, al límite de la frontera con Costa Rica.
Ahora bien, el gobierno nacional le entregó a la empresa china un total de ciento ocho mil hectáreas, en territorios, que según la ONG Fundación del Río, contemplan a comunidades indígenas reconocidas por la legislatura y zonas naturales protegidas. Asimismo, según información brindada por el organismo sin fines de lucro, las últimas tres concesiones liberadas en manos chinas, se localizan dentro de la Reserva Biológica Indio Maíz, el Territorio Indígena Rama y Kriol y el Refugio de Vida Silvestre San Juan, áreas que forman parte el camino biológico mesoamericano.
La ley de la selva: ¿Qué incluye la nueva normativa?
Uno de los puntos fundamentales de la ley en Nicaragua, es que permitirá que el la mano del hombre pueda modificar a su gusto en las 76 áreas naturales, es decir, que en estos terrenos pueda utilizarse el aprovechamiento racional de recursos geotérmicos, mineros, geológico. Sin embargo, confirman que será a través de buenas prácticas ambientales. Además, esta ley avala la cacería de animales y la pesca con la finalidad de supervivencia.
En este sentido, el presidente de la Fundación del Río, resalta que esta normativa cambia completamente la lógica de las áreas naturales protegidas y las ubica en una zona de mayor riesgo de degradación ambiental, ya que el régimen aprobó la utilización de esos terrenos para el aprovechamiento con fines de lucro y se va a llenar la zona con empresas forestales, mineras y de actividades que llevarán al límite los reductos verdes de dicho país.
¿El gobierno de Nicaragua mantendrá las zonas naturales?
Ahora bien, otro punto que preocupa es el capítulo que establece el control para definir los límites del mapa del Sistema Nacional de Áreas de Conservación Ambiental y Desarrollo Sostenible (SINACADS), al Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales. Esta delimitación territorial deberá evaluarse y debatirse cada cinco años, lo que genera incertidumbre y desazón.
Asimismo, según los defensores del medio ambiente sostienen que esta normativa de actualizar y cambiar el mapeo que delimita las superficies de las áreas naturales de Nicaragua es un gran riesgo para el ecosistema, ya que en cualquier momento la vara puede cambiar y el régimen podría llegar a poner la mirada en la explotación de los recursos naturales protegidos.
Es por ello, que se cree que esta reconfiguración, que solo busca fomentar las actividades económicas del país, está dejando de lado algo fundamental como es la conservación de los espacios verdes y las zonas protegidas. Con el foco puesto en el sector minero y en generar más y más dinero, se está desprotegiendo aquello que le da vida al mundo entero.