En las primeras horas de la jornada de hoy, se dio a conocer el informe oficial de Amnistía Internacional sobre las “desapariciones forzadas” enmarcadas en el contexto del gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. Las cifras, que preocupan al mundo, posicionan al régimen como una máquina perpetradora de crímenes de lesa humanidad.
El año pasado, Venezuela volvió a ser foco de críticas en todo el mundo tras las polémicas elecciones presidenciales en las que Maduro se atribuyó el triunfo sobre Edmundo Gonzáles Urritia, candidato a presidente por la Plataforma Unitaria Democrática (PUD).
En un clima de tensión y disputa, el oficialismo venezolano confirmó su victoria tras el cuestionado conteo de los votos en todo el territorio. Y las acusaciones de fraude electoral no tardaron en recorrer el mundo, mientras que los venezolanos, repartidos por el globo, suplicaban por la intervención de organismos internacionales en su patria.
Pero, a pesar de las protestas, las revueltas y el desconocimiento del triunfo de Maduro por parte de líderes políticos como Trump o Javier Milei, el chavismo-madurismo volvió a ocupar el despacho presidencial, mientras los secuestros, amenazas y desapariciones de miembros de la oposición y allegados se volvieron el pan de cada día.
Al respecto, Amnistía Internacional acaba de publicar “Detenciones sin Rastro: El crimen de desaparición forzada en Venezuela”, un informe sobre el conteo de las personas cuyo rastro se desconoce desde el día de las elecciones presidenciales, y cuya desaparición se vincula al régimen de Maduro.
La denuncia de Amnistía
En concreto, la investigación de la ONG abarca un período que inicia el 28 de junio de 2024, día de las elecciones presidenciales, y aborda la desaparición de 15 ciudadanos venezolanos en circunstancias que podrían constituir desapariciones forzadas, y crímenes de lesa humanidad.
Desde el organismo, explicaron que para tales figuras sean consideradas deben conjungarse 3 factores: ” (1) la detención de una persona; (2) por agentes estatales, o personas actuando con autorización, apoyo o aquiescencia del Estado; y (3) la negación oficial de la detención o el ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona detenida”.
En tal sentido, la entidad acusa al gobierno venezolano de concretar detenciones arbitrarias de ciudadanos opositores a su ideología, ya que la mayoría de las presuntas víctimas presentaron un rol activo en protestas contra Maduro.
De hecho, uno de los casos citados es la detención de Rory Branker, periodista editor de La Patilla, medio crítico del régimen y de quien se desconoce su ubicación actual, si bien las señales indican que el joven aún se mantiene con vida.
La defensa del oficialismo Venezolano
Por su parte, las funcionarios titulares de los organismos de la dictadura de Maduro desconocen por completo las acusaciones, de la misma forma en que niegan la apertura de expedientes, archivos e historiales que puedan dar cuenta del accionar de las fuerzas de seguridad armadas.
En el informe, se detalla cómo las familias han exigido a las entidades respuestas sobre el paredero de sus seres queridos, recorriendo fiscalías, organismos del poder judicial y cárceles, y sin hallar respuestas.
La defensa de Maduro enarbola el argumento de la “campaña mediática” que la oposición, con el respaldo de EE.UU, llevaría a cabo para desacreditar su gestión y descalificar el voto popular que lo habría llevado a liderar nuevamente al país.
El atentado a María Corina Machado
En enero de este año, los operativos ilegales de los hombres de Maduro llamaron la atención de los medios internacionales tras el secuestro de María Corina Machado, mano derecha de Edmundo Gonzáles y cabeza de la oposición.
La mujer, que se retiraba en motocicleta de una de las miles de protestas organizadas en contra del régimen, fue interceptada por las fuerzas de la Policía Nacional Bolivariana, sin motivo alguno. A continuación, siguieron horas de angustia tras la reclusión de la lideresa en un sitio desconocido, aunque, debido a la presión mediática, fue rápidamente liberada.
Este hecho sentó un precedente indudable para las acusaciones que vinculan a Maduro con numerosos crímenes de Estado que podrían valerle la condena internacional.