En medio de las tensiones surgidas tras los megaoperativos en las favelas de Río de Janeiro, la Policía local publicó un informe en el que confirman que el 95% de los muertos tenían vinculaciones con el Comando Vermelho, la organización criminal más grande de Brasil. Con estos datos, el Gobierno de Claudio Castro intenta quitarle peso a las acusaciones de las organizaciones de derechos humanos, compartidas también por el presidente Lula da Silva.
El descargo de Claudio Castro
Este domingo, la justicia de Brasil ordenó la preservación de la documentación vinculada al megaoperativo, incluyendo peritajes y cadenas de custodia. Mediante esta acción, el juez Alexandre de Moraes intentará determinar si el Gobierno de Río de Janeiro, al ordenar estas operaciones policiales, cumplió con los protocolos de derechos humanos y con las determinaciones judiciales ordenadas.
Tras esta iniciativa de la justicia brasilera, el gobernador local realizó una extensa publicación en su cuenta oficial de X, donde aclaró la peligrosidad del Comando Vermelho, y aseguró que estos operativos tienen el apoyo de la mayor parte de la sociedad. “Río de Janeiro siente todos los días el peso de la violencia y sabe lo que estamos enfrentando. Por eso, no sorprende que el 72% de la población apoye encuadrar a las facciones criminales como grupos terroristas”, escribió Castro.
En ese sentido, el mandatario fluminense resaltó que ese apoyo “es el reconocimiento de una realidad que ya no puede ser negada”. Así también remarcó que el Comando Vermelho ya dejó de ser solo una facción criminal para convertirse en un “ejército paralelo”, que cuenta con armamento de guerra, una estructura financiera y presencia en varias regiones del territorio brasilero. “Negar esto es cerrar los ojos al problema”, aseveró Claudio Castro.
Nuevo informe
Tras esta publicación, la Policía Civil de Río de Janeiro publicó un nuevo informe sobre el megaoperativo en las favelas, en el que afirman que la mayoría de los asesinados tenían vínculos con la organización criminal en cuestión. De acuerdo al informe, de los 115 fallecidos identificados por las autoridades, el 95% tenían “un vínculo comprobado” con el Comando Vermelho, mientras que el resto dieron resultados “inconclusos”.
Los datos expresados en este informe no cuentan los cuatro policías fallecidos; solo tomaron registros de los criminales asesinados dentro de las favelas. De igual forma, es preciso aclarar que hay cifras inciertas en este megaoperativo, ya que la Defensoría Pública estima que fueron 132 los muertos, mientras que el Gobierno regional solo ha confirmado 121, de los cuales 117 son civiles y cuatro pertenecían a las fuerzas policiales locales.
En su informe, la Policía Civil confirmó que, “por lo menos, 97 personas tenían antecedentes criminales relevantes y 59 eran buscados por órdenes judiciales de detención”. Otros 17, que no presentaban cargos en su contra, “mostraron indicios de participación en el narcotráfico”. A su vez, indicaron que 62 de los fallecidos pertenecían a facciones criminales de otras regiones del territorio brasilero.
Las fuerzas policiales locales especificaron que la mayoría de este último grupo provenían de estados como Pará, Bahía, Amazonas y Goiás. Mientras tanto, el resto venían de Ceará, Maranhão, Espírito Santo y Mato Grosso, todas localidades muy afectadas por el avance del crimen organizado. Además, se registró la presencia de líderes de grupos armados que utilizaban a Río de Janeiro como refugio, bajo el cuidado del Comando Vermelho.
Las críticas del gobernador
Respecto a esta situación, Claudio Castro sostuvo que el Estado fluminense, a partir del 2021, se convirtió en un refugio para criminales de todo el país tras la implementación de una medida que restringe los operativos dentro de las favelas. Esto es algo que queda demostrado con la cantidad de líderes narcos encontrados en Río de Janeiro tras contabilizar la cifra de víctimas fatales del operativo.