Este sábado, la Defensoría del Pueblo apuntó contra el Gobierno de Colombia por las operaciones militares en Guaviare, donde el Ejército Nacional bombardeó una tropa paramilitar de la facción de Iván Mordisco. A raíz de esta ofensiva, murieron 7 niños, víctimas de reclutamiento forzoso por parte de esta disidencia de las FARC. Esta situación puso el foco crítico sobre Gustavo Petro y su administración, quienes respondieron tajantemente las acusaciones.
Duras acusaciones contra Gustavo Petro y su Gobierno
A través de un comunicado oficial, la Defensoría del Pueblo apuntó contra el Gobierno de Colombia, a quien acusa de violar el derecho internacional humanitario (DIH) al matar a estos siete niños. “El principio de humanidad debe prevalecer a la guerra”, escribió la entidad, encargada de velar por los derechos humanos de todos los colombianos. Luego de relatar lo sucedido, recordó que “el DIH establece límites estrictos, incluso en el marco de las hostilidades”.
Los sectores de la oposición también aprovecharon para criticar el accionar del Gobierno. Incluso, algunos resaltan que las operaciones ordenadas por Gustavo Petro son las mismas que él mismo criticaba durante la gestión de Iván Duque. “La solución no son los bombardeos ni las balas. Sí a la fuerza de la ley, pero con estrategia y presencia del Estado”, escribió Juan Manuel Galán, reconocida figura opositora.
Frente a estas críticas, el presidente reconoció que siempre es lamentable cuando mueren personas, y más si se trata de niños. Sin embargo, explicó que esta decisión, por más dura que sea, fue para salvar la vida de 20 soldados del Ejército, quienes estaban por ser emboscados por las tropas de Iván Mordisco, con la que estaban los menores de edad que perdieron la vida.
La respuesta oficial del Gobierno de Colombia
Finalmente, el Ministerio de Defensa de Colombia decidió dar su versión de los hechos, mediante un comunicado oficial de prensa. En este documento, las autoridades reafirman el compromiso por la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, así como el de toda la población. Por eso, cada acción militar, antes de concretarse, tiene un proceso de planeación, ejecución y evaluación por parte de la Fuerza Pública.
El Ministerio reconoció que el pasado 10 de noviembre perpetraron una operación militar contra la facción de “Mordisco” en Guaviare, en la que lograron la afectación de 26 integrantes de la organización, quienes habrían sido responsables de ataques extremadamente violentos y sistemáticos contra la población civil. No obstante, cuando llegaron los informes, descubrieron que entre los muertos había 7 niños, todos denunciados como víctimas de reclutamiento forzoso.
De acuerdo a las declaraciones oficiales, estos menores de edad eran utilizados como combatientes ilegales en funciones continuas de combate, por lo que representaban una amenaza contra las tropas nacionales. Además, confirmaron que mediante estas operaciones, pudieron recuperar con vida 3 adolescentes más, quienes integraban los grupos criminales. Todos ellos recibieron primeros auxilios y tuvieron asilo, respetando el principio de humanidad.
“La operación militar fue planeada y ejecutada con riguroso apego al Derecho Internacional Humanitario, respeto por los derechos humanos y la legislación nacional, incorporando todas las precauciones para reducir riesgos a la población civil”, declararon en el comunicado oficial. Luego de este descargo, felicitaron a la Fuerza Pública y los métodos, medios y capacidades que tienen disponibles para enfrentarse a estos grupos armados con alto poder de combate.
Un bombardeo necesario
En otra parte del documento, resaltaron que la muerte de estos niños fue tan solo una consecuencia de un bombardeo necesario, que fue desplegado en Guaviare para defender la vida de 20 militares que estaban expuestos a “una amenaza letal”. “De no haber sido por la rápida y oportuna intervención, hoy tal vez el país entero estaría lamentando un atentado terrorista contra nuestras tropas”, resaltaron.