(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
07/06/2012

Tucumán

Las comunidades indígenas tucumanas se hacen escuchar en la Capital

Los pueblos originarios llegan desde Colalao del Valle a pie y marchan por la Ciudad. Denuncian intentos de expulsión de sus tierras con la venia de la Justicia.

Las comunidades originarias de la provincia llegaron en la mañana de este jueves desde Colalao del Valle, a pie, y se movilizan por las calles de la Capital. Los miembros de las comunidades de la Nación Diaguita y del Pueblo Lule denuncian constantes intentos de expulsión de sus tierras con la venia de la Justicia.
 
Los pueblos indígenas exigen, entre otras cosas, “el cese de la constante violación de derechos inalienables a nuestra comunidad, por parte de la firma Zanja Honda, presidida por Fredy Moreno Núñez Vela, junto a su socia Agro-Avance, perteneciente a Jorge Posse, quienes están llevando a cabo un plan para expulsar a decenas de familias de la Base Riarte de nuestra Comunidad”.
 
Asimismo, las comunidades solicitan al Ministerio de Educación la reapertura de la Escuela Primaria Nº 31 de Colalao del Valle. “Dentro de la política de desarraigo del gobierno, cerraron la escuela, y hoy nuestros niños deben educarse en Salta, corriendo riesgos al cruzar diariamente el río Anta por dos cables suspendidos. Esta situación vulnera el Derecho de Educación de nuestros niños y además genera la desintegración de las familias”, sentenciaron.
 
Otro de los reclamos que expresan se trata de “la reapertura del camino vecinal interrumpido por estas empresas con un portón con candado, prohibiéndoles a los comuneros la salida y el acceso libre a la localidad. De esta manera, niños, discapacitados y ancianos son privados de la libertad en su propio territorio ancestral. La impunidad llega al punto de que funcionarios del Estado nacional y de la provincia no pudieron ingresar al lugar en varias oportunidades”, advirtieron.
 
Mediante un comunicado, expresaron también su pedido de “justicia para el delegado Benito Toledo, quien fue desterrado de la Base Riarte, mediante una acción violatoria de todo derecho: el Juez de Paz Ciro Castro y la Policía de Trancas, ordenados por Moreno Núñez Vela, violentaron la vivienda del comunero, robándole todas sus pertenencias y dejándolas en el Juzgado de Paz de El Jardín de la vecina provincia de Salta, a cargo del señor Ismael Abadia. Todo esto ocurría en momentos en que él era objeto de amenazas de muerte por parte de hombres armados”, denunciaron.
 
Por último, los representantes de los indígenas señalaron que “por todos estos atropellos en los que se violaron todo tipo de derechos colectivos, y habiendo recurrido esta comunidad a todas las instancias estatales y organismos de derechos humanos para la protección de los derechos fundamentales de nuestros comuneros, y no habiendo recibido ninguna respuesta, nos vemos obligados a salir de nuestros territorios para decir basta”. ©eldiario24.com
 

Recomienda esta nota: