11/12/2017

Tucumán

Transporte

Los empresarios secuestran el aguinaldo de los trabajadores para exigir el aumento del boleto

Desde AETAT sostienen que su situación es crítica, por lo que no pueden hacer frente a sus obligaciones con los trabajadores a menos que se aplique el incremento en el pasaje.
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El aumento en el boleto abre más frentes de conflictos.

Buena parte de los ciudadanos dependen del transporte público en su quehacer diario, por lo que un aumento en los boletos implica siempre un golpe fuerte en las economías domésticas.

Es por esto que cada vez que se busca elevar el precio del pasaje mínimo, empresarios, medios de comunicación y políticos se confabulan para crear un ambiente en el que no parezca haber alternativa a aplicar el golpe a los bolsillos.

Ahora, los dueños de las líneas de colectivos decidieron secuestrar los aguinaldos de los trabajadores para exigir al Concejo Deliberante que se apruebe el ajuste.

Así lo anunció la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (Aetat) a través de un comunicado firmado por su presidente, Daniel Orell. El aviso fue emitido en un contexto en el que, por ahora, no habría aumento en la tarifa hasta marzo, cuando se reanudarían las sesiones ordinarias del Concejo Deliberante capitalino. La única posibilidad de concretar la suba del boleto a $ 15,98 -precio que solicitan los transportistas- en el corto plazo, consiste en que el intendente Germán Alfaro convoque a una sesión extraordinaria.

Frente a los planteos de Orell, quien propuso a la Unión de Tranviarios Automotor (UTA) un pago desdoblado del aguinaldo, el titular del sindicato, César González, respondió que si el 18 de diciembre no están depositados los haberes tomarán medidas de acción directa al día siguiente.

Sin embargo, seg{un informa La Gaceta, Aetat insiste en que la situación de los empresarios es delicada. Orell destacó que el sector hizo una inversión de cerca de $ 750 millones para mejorar el servicio. Recordó que se compraron 250 unidades nuevas con aire acondicionado y que “una gran proporción de los vehículos” están equipados con rampas para discapacitados.

De esa forma, los concesionarios de las líneas tratan de ajustarse a la norma municipal que establece que el 50% de la flota debería estar adaptado para personas con discapacidad, porcentaje que consideran excesivo. “Toda esta estimación errónea que impone el poder concedente, tarde o temprano debe ser absorbida por toda la comunidad usuaria”, aseveró el representante de los empresarios de ómnibus.

El comunicado también plantea que, en caso de que el Concejo no trate el tema hasta marzo, los empresarios deberán enfrentar un “congelamiento tarifario” de 16 meses. “¿Qué servicio no tuvo más de un ajuste de precios en ese periodo? Desafío a cualquiera a encontrar uno solo”, reza el escrito firmado por Orell.

Aetat cuestiona, además, el rol de los distintos sectores políticos involucrados en la fijación del precio del boleto. “Mostrarnos como únicos culpables de esta espiral inflacionaria y como los únicos que no pueden ajustar sus precios, o como empresarios desalmados es irresponsable e irrazonable. Sólo esconde un propósito político y demagógico”, enunció el titular de Aetat.

 

 




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