Caso de amenaza de bomba en la a Caja Popular: el acusado desmintió su implicación en la llamada de amenaza

"Yo jamás efectué esa llamada; ese número no me pertenece, no lo reconozco. Actualmente, estoy bajo tratamiento psiquiátrico, y pueden imaginar cómo esta situación me está afectando, pasar por todo esto", expresó Rodrigo Nicolás Gallardo antes de que se le impusiera prisión preventiva por una semana y se le aplicara un embargo de $3 millones, luego de ser considerado responsable de la amenaza de bomba que afectó a una sucursal de la Caja Popular de Ahorros el pasado lunes.

El 4 de septiembre a las 7:22 a. m., el número de emergencia 911 recibió una llamada anónima que informaba sobre la presencia de un dispositivo explosivo en la sucursal de Esquina Norte de la Caja Popular de Ahorros, ubicada en las avenidas Gobernador del Campo y Sarmiento. 

Como resultado de esta advertencia, aproximadamente 15 empleados tuvieron que ser evacuados para permitir que la División de Explosivos de los Bomberos de la Provincia inspeccionara el lugar. Una vez que confirmaron la ausencia de dispositivos explosivos, la actividad se reanudó con normalidad.

Debido a este incidente, la Unidad Fiscal de Delitos Complejos, dirigida por Mariana Rivadeneira, acusó a Rodrigo Nicolás Gallardo de cometer el delito de intimidación pública. Entre las pruebas recopiladas, la fiscal mencionó el informe proporcionado por la empresa Telecom, que no solo establece que Gallardo es el titular de la línea utilizada para la denuncia, sino que esta línea se activó el mismo día. 

También se mencionó que el lunes en cuestión se llevaron a cabo allanamientos en dos domicilios de Banda del Río Salí y Alderetes (donde reside Gallardo), donde la Policía incautó siete teléfonos celulares, algunos de los cuales estaban operativos y tenían una tarjeta SIM insertada, mientras que otros carecían de tarjeta SIM. 

Además, se encontró una computadora portátil proporcionada por el Ministerio de Educación. Rivadeneira solicitó que Gallardo fuera sometido a tres meses de prisión preventiva y pidió una medida cautelar civil por un valor de $3 millones, argumentando que existía riesgo de fuga y de obstrucción a la investigación. 

"Entiendo que la existencia material del hecho y la conexión han sido probadas. Además, aún quedan pendientes diversas acciones, como el análisis de los teléfonos celulares incautados para determinar si alguno de ellos pudo haber realizado la llamada y el informe de geolocalización. También se confiscaron tres tarjetas SIM de tres líneas diferentes, ninguna de las cuales correspondería a la que se utilizó para hacer la amenaza; es posible que la tarjeta SIM se haya destruido u ocultado. Considero que los riesgos procesales están presentes", afirmó la fiscal. 

Además, la fiscal mencionó que el acusado tenía dos causas archivadas desde 2018, relacionadas con el delito de amenazas agravadas por el uso de armas o el anonimato, y señaló que Gallardo trabajó en el Gobierno provincial desde febrero hasta mayo de 2023.

El abogado defensor, Víctor Alberto Padilla, se opuso a la acusación y a ambas medidas solicitadas. "No hay evidencia suficiente para justificar la imposición de una medida tan severa. Gallardo solo está vinculado a través de una tarjeta SIM que se activó el mismo día; no creo que alguien sea tan ingenuo como para registrar una tarjeta SIM a su nombre y luego realizar una amenaza", declaró, proponiendo que su cliente continúe el proceso en libertad bajo medidas menos restrictivas.

Finalmente, el juez Alejandro Javier Tomas aceptó parcialmente las peticiones del Ministerio Público Fiscal y ordenó que Gallardo fuera sometido a prisión preventiva durante siete días y que se inmovilizaran sus bienes, valorados en $3 millones, por un mes. 

Con esta decisión, Gallardo se convirtió en el séptimo acusado de intimidación pública y el quinto en ser privado de su libertad mientras continúa la investigación. Fuentes judiciales no descartan la posibilidad de que se realicen nuevas audiencias y allanamientos en los próximos días para identificar a los responsables de las múltiples amenazas falsas que han alarmado a la provincia desde abril.