La AGN deberá analizar los reclamos judiciales y administrativos por deudas impagas formulados por ambas partes y las diferentes instancias de negociación, hasta llegar al escandaloso acuerdo cuestionado por la fiscal Boquín.
En una de las múltiples derivaciones del escándalo por el acuerdo espúreo entre el Estado y una empresa cercana al Presidente, la Comisión Mixta Revisora de Cuentas decidió hoy ordenarle a la Auditoría General de la Nación (AGN) que realice un pormenorizado análisis "de gestión de los intereses del Estado" del proceso de negociación entre el Poder Ejecutivo y el Correo desde que la empresa de Franco Macri entró en concurso de acreedores, en 2001.
De esta manera el Congreso decidió tomar intervención en el conflicto de intereses en el que quedó involucrado Mauricio Macri a partir del polémico acuerdo firmado por el Ministerio de Comunicaciones para cobrar las deudas que con el Estado mantiene la empresa Correo Argentino SA, perteneciente al Grupo Socma, cuya cabeza es el padre del Presidente.
La resolución establece que en un plazo de 90 días, prorrogables por un período similar, la AGN deberá analizar los reclamos judiciales y administrativos por deudas impagas formulados por ambas partes y las diferentes instancias de negociación, hasta llegar al acuerdo de pago de junio del año pasado y las objeciones planteadas por la fiscal general Gabriela Boquín.
Al remontarse al inicio del concurso preventivo de Correo Argentino SA, la "auditoría de gestión de los intereses del Estado" ordenada por la comisión legislativa deberá analizar las actuaciones llevadas a cabo por el actual Ministerio de Comunicaciones, pero también por sus antecesoras las ya desaparecidas Secretaría de Comunicaciones y la Comisión Nacional de Comunicaciones.
Radicales al rescate
"Hoy estamos aquí porque hubo un acuerdo de una empresa de la familia del Presidente que logró una quita (de deuda) del 98,2%", denunció la senadora Virginia García (FPV-Santa Cruz). "Un excelente acuerdo para un grupo empresario, lo lamentable es que del otro lado estamos todos nosotros, porque el Estado somos todos", insistió la legisladora, quien acusó de manera velada al Gobierno de haber pretendido mantener en secreto el acuerdo. "Se conoció porque se filtró en la prensa", afirmó.
Desde el oficialismo le replicó Alvaro González (Pro-Capital). "De secreto (el acuerdo) no tiene nada, porque se hizo en la Justicia", aseguró el diputado, quien acusó a las administraciones krichneristas de haber perjudicado los intereses del Estado. "El conflicto judicial tiene 14 años de antigüedad y enlos últimos 12 años hubo 90% de inflación, por lo que la licuación (de la deuda) es culpa de las políticas de los últimos 12 años".
El cruce político llegó a su clímax tras la intervención de Mario Negri (UCR-Córdoba). El jefe del bloque de diputados de Cambiemos acusó al kirchnerismo de connivencia con el Grupo Socma. "Yo no soy amigo ni conozco a Franco Macri y tampoco fui yo quien le puso el kimono para llevarla a Oriente a la ex presidenta ni quien dijo que el próximo presidente tendía que ser de La Cámpora", aseguró.
No conforme con esto, el radical cordobés cerró su intervención afirmando que si hubiera existido una legislación para regular conflictos de intereses para funcionarios, no existirían "la cantidad de causas judiciales sobre hoteles que están en cabeza de la ex Presidenta". Indignada, la senadora kirchnerista acusó al diputado oficialista de misógino y ser "discriminador hacia todo lo que tiene pollera".
La réplica de García sacó de eje a Negri, que pidió la palabra para reclamarle al presidente de la Comisión, el senador José Mayans (FPV-Formosa), las actas de la reunión "para iniciar las acciones legales correspondientes". Ya fuera de micrófono y ante la mirada desafiante de la senadora, agregó: "Vas a tener que ir a Tribunales". (La Nación)