Una alumna de una escuela de la ciudad de San Luis presentó cortes en los brazos y dijo que estaba en el nivel 15 del juego.
El Superior Tribunal de Justicia emitió una acordada en el que convoca a trabajar a los tres poderes del Estado en un protocolo de detección y prevención del juego viral conocido como “la Ballena Azul” que ha provocado la muerte de adolescentes en diferentes partes del mundo. El acuerdo también propone trabajar sobre casos de acoso cibernético, “sexting” o “grooming”.
La iniciativa surgió luego de que se tome conocimiento del caso de una adolescente de la ciudad de San Luis que reconoció que estaba participando del peligroso juego. Según informó el Centro de Información Judicial, el 11 de mayo la jueza de Familia Estela Bustos, la defensora de Menores Rina Fanny Mercau y dos secretarias de Violencia Familiar de ese juzgado hicieron una presentación ante el Superior Tribunal en el que informan “sobre un hecho sucedido en una escuela de la ciudad de San Luis en el mes de mayo, donde sus autoridades informaron que una alumna adolescente habría manifestado ante sus compañeras y un profesor que estaba participando del juego ´La Ballena Azul´, que se encontraría en el nivel 15, mostrando luego, cortes en sus brazos".
La magistrada y funcionarias referenciaron fallo precedente en San Fernando del Valle de Catamarca, Juzgado de Menores de Segunda Nominación, a cargo del Dr. Mario Rodrigo Morabito, informó el sitio San Luis 24.
La Ballena Azul es un desafío que se difunde por las redes sociales –Facebook principalmente-, en el que un “tutor” va planteando una serie de metas al participante que incluye autolesionarse y en algunos casos el suicidio.
Según el informe del CIJ, “el Superior Tribunal de Justicia manifestó que este tipo de casos negativos atentan contra el derecho a la vida íntegra, en sí mismo, como derechos personalísimos. El Estado debe arbitrar medidas que garanticen la protección integral psicofísica de los niños, niñas y adolescentes. Para ello debe proponer, desarrollar e implementar medidas de acción, prevención, capacitación, concientización y divulgación”.
En este punto, los magistrados “sugieren a las instituciones a orientar con lenguaje sencillo, de rápida interpretación y asimilación para que se pueda comprender en qué consisten estos peligros en la web. En ese sentido reconocen la responsabilidad institucional que compete a los órganos judiciales la que no concluye con la sola resolución de conflictos jurídicos, sino que también se debe velar por una justicia preventiva".
"Es importante convocar, concientizar, proponer, exigir; compartiendo con los demás poderes acciones concretas y efectivas para que la Justicia sea una realidad tangible, alcanzable para cualquier ciudadano”, agrega.
La Corte puntana puso en conocimiento a las autoridades del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y en especial a los Ministerios de Educación, Salud, Desarrollo Social, Seguridad y a las Secretarías de Estado de la Mujer y de la Juventud de la provincia. Asimismo, propuso una reunión con los tres poderes, y los referidos ministerios para acordar un Protocolo de Pautas de Detección y Prevención “de las problemáticas mencionadas”.