Fueron investigados por la justicia y para no ir a juicio oral hicieron acuerdos.
Un escándalo estalló en julio del año pasado cuando se comprobó que 52 concejales de más de 30 municipios de Salta cobraron el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) que el Gobierno, a través de Anses, entregó en los primeros meses de la pandemia y tenía un monto de 10 mil pesos. Ahora, 14 meses después, tendrán que devolver más de un millón de pesos. Hicieron un acuerdo para no ir presos.
Con el entrecruzamiento de datos de los inscriptos en el IFE y los funcionarios públicos se supo que el caso del concejal no era aislado: 52 legisladores de más de 20 localidades y de todos los partidos políticos, 10 funcionarios de municipios y tres gerentes del PAMI se habían inscripto para cobrar el IFE cuando no les correspondía.
La Fiscalía y las defensas llegaron a acuerdos que ya fueron aceptados por los jueces Mariana Catalano y Julio Bavio entre principios de mes y la semana pasada. En total son más de 1.400.000 de pesos que los concejales deberán devolver. Muchos ya empezaron a pagar y a cumplir con las tareas comunitarias, indica Infobae.
Acusación y acuerdo
A los que cobraron el fiscal los acusó de los delitos de fraude en perjuicio de alguna administración pública y violación a los deberes de funcionario público. Y a quiénes se inscribieron pero no cobraron los imputó por fraude en perjuicio de alguna administración pública en grado de tentativa.
De todos los imputados, 24 de ellos optaron por no seguir con una causa penal y ofrecieron probations y conciliaciones, dos figuras previstas en la ley para casos de baja escala penal. El objetivo es que el acusado reparte del daño. Y así acordaron con el fiscal.
Lo que se estableció es que de esos 24 concejales a 14 se les fijó que devuelvan la plata que cobraron de IFE, que donen dos meses de su suelto a hospitales, merenderos y geriátricos de la provincia, que hagan 100 horas de tareas comunitarios en instituciones de interés públicos y que no puedan presentarse a elecciones en los próximos dos procesos electorales. A otros 14 -que no llegaron a cobrar el IFE- se les estableció que donen dos meses de su sueldo y que hagan 100 horas de trabajo comunitario. Acuerdos similares se hicieron con cinco funcionarios de municipios.