Los perjudicados presentaron recursos de amparo ante la Justicia Federal para no perder los servicios.
La crisis pone en riesgo directo la vida de algunas personas, y es que el Gobierno Nacional decidió recortar en salud dejando en una situación crítica a muchos pacientes.
Un centenar de enfermos renales enfrentan la posibilidad de quedarse sin la diálisis a partir de fin de mes como consecuencia de una mora de hasta nueve meses en el pago del servicio de traslado y de seis en el reconocimiento del tratamiento.
Frente al anuncio de corte, una decena de pacientes acudió a la Justicia Federal de Tucumán para lograr la continuidad de los servicios financiados por la Agencia Nacional de Discapacidad. El amparo explicita que este conflicto se inscribe en una disputa entre la Nación y la Provincia por la cobertura de las diálisis.
Los amparistas solicitaron una medida cautelar que garantice su derecho a una vida sana mientras se desarrolla el juicio. El juez federal Nº2, Fernando Luis Poviña, resolvió por lo pronto convocar a una audiencia a las partes en disputa, incluida la Asociación Tucumana de Centros e Institutos de Diálisis y Trasplantes Renales (Atudial), para el 21 de marzo, 10 días antes de la fecha indicada para el cese del tratamiento.
El juez federal Fernando Luis Poviña citó a la Nación, a la Provincia, a los centros de diálisis, a los amparistas y a sus defensores a una audiencia que tendrá lugar 10 días antes del corte.
La demanda presentada por la abogada apoderada Gabriela Saade consigna que los enfermos renales afectados por la situación son beneficiarios del programa Incluir Salud (ex Profe), que gestiona la Agencia Nacional de Discapacidad. Este plan brinda cobertura médico-asistencial a titulares de pensiones nacionales graciables o no contributivas. Saade expresó que los pacientes son ciudadanos con recursos escasos que se dializan en la provincia, en los centros y clínicas particulares nucleados en Atudial. “La diálisis es el tratamiento que reciben los pacientes que padecen enfermedades renales y que generalmente se cumple en tres oportunidades a la semana. La depuración de contenidos tóxicos de la sangre suple, de esta forma, la función, menguada o inexistente, de los riñones”, consignó la letrada en la demanda.
El programa Incluir Salud es aplicado por medio de una Unidad Ejecutora provincial, que depende del Gobierno de Tucumán. Según Saade, las vicisitudes de la relación entre el Estado nacional y la Provincia repercutieron sobre la prestación de la diálisis y el traslado de los pacientes. La abogada explicó que la Agencia Nacional de Discapacidad decidió en febrero de 2018 que sostendría los diferentes programas de salud hasta diciembre del año pasado y que, a partir de esa fecha, las provincias deberían asumir la responsabilidad con fondos transferidos por la Casa Rosada para este destino. “Como consecuencia de ello, la Agencia invitó a la Provincia de Tucumán a suscribir una adenda (modificación) al contrato de prestación entonces vigente como condición necesaria para asegurar el financiamiento de las diálisis. Desavenencias posteriores habrían llevado a la Provincia a no suscribir aquella adenda. Luego y ante la inminencia de un conflicto harto problemático, la Agencia prorrogó la vigencia del Incluir Salud hasta el 31 de diciembre de 2019”, expresó la profesional.
Tucumán sería la única provincia que no firmó la enmienda propuesta por la Nación. La misma clase de puja por la transferencia de competencias y de fondos entre los dos niveles del Estado aparece en otros ámbitos, como los subsidios del transporte público y la tarifa social de la energía eléctrica. (lagaceta.com.ar)