Antonio Cafiero y la policía bonaerense heredada de la dictadura

Los 100 años del nacimiento de Antonio Cafiero que se cumplen este lunes convocarán al peronismo a repasar, entre los homenajes de rigor, la experiencia de gobierno en la provincia de Buenos Aires entre 1987 y 1991, período en el que la gobernación enfrentó en el área de seguridad uno de los grandes problemas heredados de la dictadura: cómo conducir la fuerza policial más grande del país sin permitirle el autogobierno.

El dilema con el que Cafiero debió lidiar entonces sigue vigente en la actualidad, pero en 1988 irrumpió con tensión a partir de un acuartelamiento iniciado por una extraña falla en la liquidación computarizada de haberes pero que tenía como trasfondo el descontento por las purgas de comisarios con antecedentes de violaciones a los derechos humanos.

Otro elemento que contribuyó al conflicto fue el malestar que generaba entre los mandos de la fuerza el apoyo institucional a que se investigaran los casos de gatillo fácil.

Para el abogado León Arslanian, excamarista del juicio a las Juntas y quien ocupó dos veces la cartera de seguridad en el distrito bonaerense (1998-1999 y 2004-2007), las medidas que se propuso aplicar Cafiero en 1988 con el impulso de su entonces ministro de Gobierno Luis Brunati muestran "coincidencias" con el paquete de reformas que él impulsaría diez años después.

En diálogo con Télam, Arslanian consideró que tanto Brunati como él mismo -y también Juan Pablo Cafiero, cuarto hijo de Antonio- tuvieron en distintas épocas un rasgo común en la gestión pública de la seguridad, el convencimiento sobre "la necesidad de contar con una policía democrática, la policía de un Estado democrático de derecho que respetase la ley, el mando político y la institucionalidad", puntualizó.

"Brunati fue un excelente ministro y él tuvo, por cierto, una decisión política y una idea política de reencauzar una policía que estaba sin gobierno, o una policía autogobernada como era entonces la policía de la provincia de Buenos Aires. En ese sentido, tomó medidas conducentes, importantes, así que yo rescato eso", dijo Arslanian sobre la labor realizada en el primer tramo de la gobernación de Cafiero.

El 6 de septiembre de 1987, tras el triunfo sobre el radical Juan Manuel Casella en las elecciones de gobernador, Cafiero -principal referente de la llamada renovación peronista- debía elegir su Gabinete.

A Brunati, que había sido electo diputado, le encargó primero una tarea que resultó infructuosa, convencer a Ana Fasce, esposa del líder democristiano Carlos Auyero, para que asumiera como directora general de Escuelas.

La sorpresa llegó después: el gobernador electo le ofreció ser ministro de Gobierno de la provincia, lo que implicaba dirigir una cartera "que englobaba lo que luego pasaron a ser varios ministerios", según recordó el propio Brunati en diálogo con Télam.

Y detalló que la oferta incluía "la mayor libertad para realizar designaciones, salvo la secretaría de Justicia, que estaba comprometida con (el peronismo de) La Matanza".

Brunati era por entonces un dirigente peronista de perfil combativo, con trabajo territorial en la zona oeste del conurbano y quien tras la derrota de Lúder y Herminio Iglesias en 1983 había confrontado en la Legislatura bonaerense con la ortodoxia sindical.

"Cafiero tenía claro y confirmado que yo nunca había pertenecido a Montoneros, pero lo cierto es que siempre fui parte de la Tendencia, por decirlo de algún modo; también es cierto que reconozco al cura Jorge Galli (uno de los fundadores de la JP Lealtad) como uno de mis principales referentes, y que gran parte de mis amigos y compañeros sí pertenecieron a Montoneros", dijo Brunati en diálogo con esta agencia.

El perfil político del hombre al que Cafiero designó en la cartera de Gobierno no era un dato menor a mediados de los '80, porque en ese momento "se encontraba aún en plena vigencia la teoría de los dos demonios", observó Brunati.

Tras el nombramiento, el flamante ministro completó el organigrama con el abogado Orlando Caporal como subsecretario de Seguridad y la abogada María Elena Murguiondo como secretaria de Gobierno: en ese equipo estaba también Carlos Kunkel, años después funcionario de Néstor Kirchner.

Como en diciembre de 1987 no existía el ministerio de Seguridad, el control de la Policía y el Servicio Penitenciario bonaerense -junto a los lineamientos políticos para combatir el delito- estaban bajo la órbita del ministerio de Gobierno.

En ese aspecto clave de la administración, Brunati implementó una serie de reformas con la aprobación de Cafiero que consistían en "dar de baja una gran cantidad de comisarios generales, pero no por animadversión sino para ubicar (al mando de la fuerza) a alguien desvinculado de la dictadura", relató.

En esa tarea desoyó las sugerencias de un grupo de intendentes del PJ que tenía sus propios candidatos para jefe y subjefe.

Otras iniciativas llevadas a cabo fueron el impulso institucional a las investigaciones de gatillo fácil (en mayo de 1987 se había producido la masacre de Ingeniero Budge y el tema estaba en la centralidad de la agenda, con una policía que mostraba continuidades con la fuerza que había comandado Ramón Camps), el inicio de las comisarías de la Mujer y la creación del programa Olmos, que con la Unidad I de Lisandro Olmos como modelo proponía innovaciones para la vida de los presos de las cárceles bonaerenses.

En este proyecto, Brunati contó con el apoyo entusiasta de Ana Goitia de Cafiero, la esposa del gobernador, pero también "de Inés Williams, esposa Abel Fleitas Ortiz de Rozas; de Amalia Zille, esposa de Mario Cafiero; de Teresa Parodi y de mi compañera, Clara Segesdi", recordó el entonces ministro a 34 años de aquellos hechos.

Por otro lado, al hacer un balance de su trabajo, remarcó que su labor "nunca tuvo la más mínima orientación hostil respecto de la policía".

La actuación de Brunati se topó en junio de 1988 con un episodio con mucho impacto en los medios que resultó traumático para el gobierno de Cafiero: se acuarteló la policía bonaerense, con el detonante de un inconveniente en la paga de salarios pero que en el devenir del conflicto se extendió a un petitorio de 12 puntos.

Los agentes paralizaron sus tareas y se concentraron frente al Departamento Central de Policía, al grito de "la poli, unida, jamás será vencida", mientras acompañaban un listado de reclamos que perduraría a lo largo de los años, con otras gestiones.

Pedían equiparación salarial con la Federal, mejor equipamiento y munición, disponibilidad de combustible, el pago de las horas adicionales sin limitaciones y el avance de un plan de viviendas, pero también exigencias controvertidas como la prohibición del contacto con civiles detenidos en ciertas circunstancias.

El momento más difícil del acuartelamiento, que no había sido el primero y no sería el último en la historia de la Policía bonaerense, ocurrió cuando el propio Brunati, su secretario privado Mario Barboza y el hijo del gobernador Mario Cafiero ingresaron en un vehículo al Departamento Central.

Una vez adentro se encontraron con que un camión del Servicio Penitenciario les bloqueaba la salida.

"Es muy difícil y extenso explicar lo que sucedió dentro de la sede de la policía cuando quedamos retenidos. Las cosas allí se resolvieron a punta de pistola. El hijo del gobernador, mi secretario privado y yo nos tuvimos que volver caminando desde el Departamento Central hasta la Casa de Gobierno. Los automóviles nos fueron reintegrados al día siguiente", reconstruyó Brunati a pedido de esta agencia.

Y en una entrevista anterior, concedida en 2004 al diario Página/12, mencionó el acompañamiento de Mario Cafiero en aquella situación de emergencia, que valoró "a nivel humano, de amistad, por el riesgo físico" que implicaba.

La sublevación policial, siguió Brunati, se terminó "cuando uno de los miembros de la plana mayor le dice a otro, apoyándole la pistola en la cabeza: 'Desarmá esto porque te meto un tiro'."

Otro de los hijos del gobernador, Juan Pablo Cafiero, sería tiempo después ministro de Justicia y Seguridad de la provincia de Buenos Aires (2002-2007).

Desde el principio, este abogado penalista se propuso completar la reforma de la policía provincial que había impulsado Arslanian en la segunda gobernación de Eduardo Duhalde.

Al revisar su gestión al frente de un área que sigue siendo clave, Cafiero reconoció que no pudo bajar los niveles de inseguridad que había en la provincia, "así que no puedo más que tener una autocrítica de lo que fue mi papel", respondió ante la consulta de Télam.

Más en detalle, destacó otras decisiones que tomó en aquel momento, como la creación del VAIC, una novedad para la Policía Científica que implicó una gran inversión y que permitió "dotar tanto a la policía como a la justicia de herramientas de investigación"; también valoró "el cuidado del personal policial desde la perspectiva humana y profesional".

Este último punto llevó a terminar con la tradición de que los efectivos estuvieran obligados a actuar estando de civil, una reglamentación muy arraigada en la cultura de la policía que "lo único que hacía era generar víctimas policiales", planteó Juan Pablo Cafiero.

Recordó también los avances que adjudicó a su gestión "en la lucha contra los desarmaderos ilegales".

De ese modo, y ya en la gestión de Felipe Solá, Juan Pablo Cafiero intervino en uno de los temas más sensibles de la política bonaerense, la misma cuestión que afrontó su padre siendo gobernador: cómo hacer más eficiente la actuación de la policía y, al mismo tiempo, garantizar su conducción.