El marido de Carolina Píparo apeló la prisión preventiva en su contra

La defensa de Juan Ignacio Buzali, el marido de la diputada provincial y funcionaria platense Carolina Píparo, detenido y acusado de intentar matar a dos motociclistas a los que atropelló el 1° de enero último en La Plata al confundirlos con motochorros, apeló este jueves la prisión preventiva que le dictó la justicia penal de La Plata.

El abogado defensor de Buzali, Marcelo Peña, explicó que esta mañana presentó el recurso ante la Cámara de Apelaciones de La Plata y agregó que además solicitó el cambio de carátula de la causa en la que está detenido por "tentativa de homicidio".

"Consideramos que se trata de lesiones leves culposas", dijo el letrado, al fundamentar el motivo por el cual solicitó recaratular el expediente.

Argumentos de la defensa

En el recurso, se planteó que Buzali "siempre estuvo a derecho"; que no posee antecedentes penales, que "tiene arraigo, ya que cuenta con domicilio constatado y que trabaja en el mismo lugar desde hace más de 15 años" y que "tiene un grupo familiar sólido".

Luego, se señaló que como su esposa, Piparo, "es una conocida diputada provincial, antes conocida por una dolorosa e irreparable tragedia en su vida, lo cual aleja aún más la posibilidad de que Buzali pueda fugarse".

La prisión preventiva

El viernes último, la jueza de Garantías Marcela Garmendia hizo lugar al pedido de la fiscal del caso, María Eugenia Di Lorenzo, por lo que le dictó la prisión preventiva a Buzali (47) por el delito de "homicidio en grado de tentativa".

En la resolución, la magistrada consideró que "sin importar las consecuencias de su accionar y con claro desprecio por la vida ajena y debiendo representarse el resultado muerte, embistió con el frente de su vehículo el sector trasero del motovehículo que transitaba delante suyo y en la misma dirección".

En ese sentido, Peña manifestó que "el principal lineamiento del recurso de apelación contra el auto que decretó la prisión preventiva es la escasez de elementos desde el punto de vista probatorio para poder determinar que existió tentativa de homicidio".

El defensor analizó que "los testimonios de los testigos no pueden configurar esa supuesta intención de matar que requiere la figura del dolo".

Luego destacó que en el escrito se requirió al ministerio público fiscal "que haga una pericia accidentológica oficial" y agregó que "existe la necesidad para invocar un estudio forense".

En ese sentido, pidió que no se tome en cuenta "las declaraciones de 10 testigos, que son amigos y familiares de las dos víctimas de las lesiones leves dado que muchas son inverosímiles".